A partir de la incorporación de nuevos elementos de relevancia para la causa, este martes se procedió a desplegar un amplio operativo con el desplazamiento de una importante cantidad de recursos humanos y logísticos, quienes procedieron a la detención de tres personas y en el día se cumplirá con las diligencias procesales de rigor.
La Unidad Fiscal interviniente se encuentra integrada por la fiscal penal especializada en Femicidios, Mónica Poma, el fiscal Penal de Graves Atentados a las Personas, Leandro Flores y el fiscal Penal de Derechos Humanos, Gabriel Alejandro González.
En conjunto, los tres magistrados realizaron un análisis de los datos e informaciones ya incorporados al cuerpo del expediente del caso de Jimena Salas, repasando y generando líneas investigativas de interés especial para someterlas a un abordaje analítico y de trabajo de campo. También se dispuso la conformación de un Equipo de Investigación Especial.
La Unidad Fiscal informó además que para garantizar el avance de la investigación se dispuso la reserva total de las actuaciones desde el pasado lunes 19 de septiembre en el marco de la causa.
El caso
El 27 de enero de 2017 asesinaron de 57 puñaladas a Jimena Salas en su casa de Vaqueros.
En mayo del año pasado los jueces del Tribunal determinaron absolver por la aplicación del principio in dubio pro reo al albañil y vendedor ambulante Sergio Vargas y al gerente regional de Garbarino y ex concubino de Jimena Salas, Nicolás Cajal Gaufín.
Los jueces, Federico Diez, Javier Armiñana y Francisco Mascarello, fueron quienes dictaminaron la medida.
El pasado 8 de Abril el procurador General de la Provincia Pedro García Castiella, dispuso mediante el dictado de la Resolución 1328, la creación de una Unidad Fiscal a fines de dar continuidad a la investigación del caso y promover la actuación de la misma en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad.
La medida buscó no solo el mandato constitucional que impone la actividad acusatoria de perseguir -debido proceso mediante- el enjuiciamiento y eventual imposición del castigo penal a él o los responsables del delito, sino también el derecho a la verdad, todo conforme a los paradigmas consagrados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La resolución aludida señala que, teniendo en cuenta el estado de las actuaciones tramitadas, corresponde al Procurador General a fin de asegurar un eficiente y adecuado desempeño de las funciones acusatorias, adoptar medidas tendientes a favorecer ese rol.
En ese sentido, García Castiella consideró como “indispensable” dar continuidad a la investigación del caso, estableciendo que la representación del Ministerio Público Fiscal se ejerza por magistrados e investigadores diferentes a los que hasta ahora intervinieron”.
