Han transcurrido 45 años de los hechos que dieron nombre a “La noche del apagón”, ocurrida en 1976 en plena dictadura militar, siendo un ejemplo de la colaboración que tuvo el Gobierno de facto por parte de civiles -en especial el empresariado- en el accionar represivo para acallar voces y todo reclamo de derechos laborales y otras conquistas obreras.
Fue la familia Blaquier, propietaria del Ingenio Ledesma, la que provocó los cortes de energía en 1976, además de aportar vehículos y galpones para trasladar a sindicalistas, a obreros, profesionales, estudiantes y militantes políticos, que fueron detenidos, torturados y asesinados en esas jornadas oscuras vividas en Argentina.
La empresa azucarera aportó todos los datos necesarios de quienes integraban su plantel de trabajadores y que confrontaban con la patronal por salarios justos. Los apagones de luz ocurrieron el 24 de marzo de 1976 así como entre el 20 y 27 de julio de ese mismo año.
Fueron secuestradas y desaparecidas más de 400 personas. Hay aún 33 de esos detenidos que figuran como desaparecidos y el reclamo por memoria, verdad y justicia, persiste.
A esta megacausa que se lleva adelante en el fuero federal de la provincia de Jujuy, le restan seis inspecciones judiciales, de ineludible modalidad presencial. El 6 de mayo habrá una audiencia para programar la continuidad. El tribunal solicitó informes al Ministerio de Salud provincial por el avance de la vacunación en la provincia y al Programa Verdad y Justicia sobre la situación de las y los testigos.
El Tribunal Oral Federal de Jujuy el viernes último decidió suspender hasta el próximo 6 de mayo los plazos procesales en el juicio de la denominada megacausa -que incluye el juzgamiento de 17 causas acumuladas, entre ellas las de los crímenes en la denominada “Noche del Apagón”, los del 24 de marzo de 1976 en Libertador General San Martín y los de Mina El Aguilar- y solicitó al Ministerio de Salud provincial que le informe el cronograma probable de vacunación dispuesto para el interior de la provincia, en especial para el departamento de Ledesma y las fuerzas de seguridad. Para entrar a la fase de alegatos, al debate solo le restan seis inspecciones judiciales a lugares cerrados, que todas las partes del juicio solicitaron diferir para un contexto en el que la pandemia resulte menos riesgosa para la salud de los y las intervinientes.
De esta manera, el debate en el que se aborda la responsabilidad de 20 acusados por los crímenes contra 122 víctimas en la histórica megacausa entrará en un impasse a la espera de la respuesta del Ministerio de Salud jujeño y de una solicitud cursada al Programa Verdad y Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, para que informe si los testigos admitidos para las inspecciones oculares pendientes se encuentran en condiciones de concurrir y cuál es su estado de inmunización respecto de la vacuna contra el COVID-19.
La resolución fue adoptada como consecuencia de un proceso de consulta que inició el tribunal con las partes luego de que la fiscalía, representada por el fiscal federal Federico Zurueta y la auxiliar fiscal Marina Cura, presentara el 17 de marzo un plan de continuidad de las audiencias, teniendo en cuenta que la única prueba por producir son los reconocimientos judiciales en diferentes localidades de la provincia, que incluyen sedes penitenciarias y policiales, de Gendarmería Nacional y un domicilio particular, y que todas las partes insistieron en su realización.
La fiscalía, en la voz de la auxiliar fiscal Cura, indicó entonces que las inspecciones deben llevarse a cabo de manera presencial para no desnaturalizar el acto y que, por lo tanto, debían realizarse con el menor número de personas posible y con las medidas sanitarias de rigor, como el uso de barbijo, el distanciamiento y la no permanencia durante más de quince minutos en un mismo sitio.
