El tercer detenido e imputado, comisario Hugo Alberto Colantuono, de la Dirección de Seguridad Urbana, con la ayuda de los operarios bancarios, pudo hacerse de una suma de 298 mil dólares de un plazo fijo, perteneciente a un juicio sucesorio vacante.
La medida, según confirmaron fuentes judiciales, fue dispuesta ayer a la tarde por la jueza de Garantías 8, Claudia Puertas, en respuesta a una presentación realizada por el abogado Ricardo Albornoz, defensor de Mendoza, en la causa que generó gran expectativa por el monto de dinero sustraído de una herencia que, al parecer, el estado provincial buscaba quedarse como único beneficiario.
En su pedido, el letrado expuso varios argumentos que, a su criterio, colocan a Mendoza ajeno a la maniobra, pues su única acción fue la de recibir el oficio judicial que disponía la cesión del plazo fijo a Colantuono, quien habría planeado toda la estafa junto a Ricardo Fath, gerente del Banco Macro, y su hermano, Andrés Fath, cabo de la policía provincial.
Además de señalar la ausencia de pruebas de peso en contra de su cliente, el abogado Albornoz presentó una serie de documentación y tratamiento médico bajo el cual se encuentra Mendoza, quien padece serias afecciones cardíacas e incluso está catalogado como paciente del grupo de riesgo, en el marco de la pandemia vigente.
Estos elementos, según informaron, habrían llevado a la jueza a disponer la aplicación del arresto domiciliario para Mendoza por razones humanitarias, como así también diversas medidas de control para evitar su fuga o que entorpezca la investigación penal en curso.
Por otra parte, trascendieron detalles que llamaron la atención en torno al caso, entre ellos el nombre de un conocido abogado, cuya queja habría dejado al descubierto la maniobra que el comisario junto al gerente y su hermano, habrían llevado adelante para quedarse con el plazo fijo.
Más allá de los detalles expuestos por dicho letrado al denunciar la maniobra, llamó la atención de los operadores de la fiscalía cómo fue que dicho abogado llegó a vincularse con un sucesorio millonario, del cual estaba reclamando la regulación de honorarios, el cual también ascendía a una importante suma.
Al respecto, no se descarta que haya contado con alguna influencia de funcionarios del gobierno de Juan Manuel Urtubey, pues también llamó la atención de que los defensores de Colantuono también se habrían desempeñado como funcionarios del área de seguridad, por lo que se cree conocían a su actual cliente.
Esto explicaría por qué el hermetismo en torno al caso, pues hasta el momento se sospecha que una importante parte del dinero robado habría ido a parar a otros bolsillos, además de los del comisario, el gerente del banco y su hermano.
