Es así que al auxiliar fiscal Sergio Dantur le secuestraron un teléfono de uso personal sin la orden judicial correspondiente. Ello quedó reflejado por la fiscal penal de Joaquín V. González, María Celeste García Pizasic, y la auxiliar fiscal, Yone Cruz Zigarán, quienes reconocieron en sendas declaraciones testimoniales que uno de los teléfonos secuestrados al acusado era de uso personal. Por lo tanto, ambas funcionarias, debido a su condición y conocimiento como operadoras del sistema, conocían que tal medida no podía cumplirse sin la orden del Juzgado de Garantías, no obstante, en sus testimonios trataron de aludir que todo se hizo bajo el consentimiento del auxiliar.
La declaración de ambas funcionarias judiciales, dispuestas por el fiscal Pablo Rivero y Nicolás Rodríguez López, designados a investigar a Dantur por supuesto incumplimiento de deberes de funcionario, fueron recibidas el 30 de diciembre pasado, cuando el auxiliar fiscal fue imputado.
Las testimoniales, de las cuales la defensa no fue notificada previamente, apuntaban a sostener la hipótesis de que Dantur no informó sobre el carácter de uso personal del teléfono, sin embargo y ante preguntas de la defensa, a cargo del abogado Ricardo Albornoz, las funcionarias habrían terminado por reconocer el carácter irregular de la medida dispuesta por la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, quien el 11 de diciembre pasado fue apartada por el juez de Impugnación, Luciano Martini, por ordenar una medida sin la autorización previa del Juzgado.
La medida, según el defensor, no tuvo el éxito que el fiscal Rivero esperaba, quien no habría podido ocultar su fastidio durante las testimoniales tomadas. Primero, porque intentó que tales medidas se tomen sin la presencia de Dantur, lo que fue objetada por el abogado defensor.
Con el auxiliar presente, la situación, al parecer, tuvo otro resultado. En principio, y ante preguntas del fiscal, García Pizasic aseguró que el secuestro de los teléfonos fue el mismo día de la imputación, aunque luego, cuando la defensa repreguntó al respecto, se corrigió y dijo que esa medida fue dos días antes. Indicó que advirtió que Dantur tenía otro teléfono, el cual era el “win”, o sea el oficial, y que lo tenía en su casa, por lo que reconoció que consultó esto con Simesen de Bielke y que luego fue con Dantur a buscar ese aparato, llevándose ambos.
Según la defensa, cuando Dantur reveló que el teléfono oficial estaba en su casa, quedó expuesto que el aparato que había entregado primero era de uso personal, instancia en la que la medida debió ser interrumpida, sin embargo y con conocimiento de Simesen de Bielke, siguió adelante. La fiscal tampoco recordó otros detalles volcados en el acta de secuestro.
Otra irregularidad más: dirigía el sumario, pero a la vez era testigo clave
Otra irregularidad que fue advertida por la defensa en torno a la actuación de la fiscal García Pizasic, según lo informado, surgió de la resolución emitida por el propio Procurador de la Provincia, Abel Cornejo, el 16 de diciembre pasado, cuando dispuso que dicha fiscal dirija el sumario contra Dantur acompañada de una comisión especial de la Procuración.
Al respecto, la defensa de Dantur recusó a García Pizasic, ya que de las actuaciones, surgía claramente que la funcionaria, puesta a juzgar la conducta de Dantur, es una testigo clave del caso, como así también rechazó por razones reglamentarias, la disposición de una comisión “ad hoc”. Ante ello, el Colegio de Gobierno del Ministerio Público, advertido del grueso error, emitió una resolución el 28 de diciembre pasado, en la que comunica que García Pizasic, al conocer la recusación, se apresuró a pedir su excusación, lo que finalmente fue aceptado por el Colegio, como una salida menos escandalosa de este nuevo error por parte de la Procuración. Asimismo, la resolución del Colegio, con la firma del Defensor General, Pedro García Castiella, y la Asesora de Menores de Incapaces, Mirta Lapad, designó al fiscal Rodríguez López como instructor del sumario, con lo cual disolvió la comisión especial de auxiliares, aunque al otro día de emitida tal decisión, el nuevo instructor volvió a la carga y designó a sumariantes coadyuvantes debido a la supuesta complejidad del caso, aspecto que la defensa le restó peso, pues las pruebas existentes son claras respecto al accionar incorrecto de Simesen de Bielke.
