El caso, que ya comenzó a ser investigado por el Fiscal Penal 1, Pablo Paz, generó gran conmoción en el ambiente judicial local, pues no es usual este tipo de amenaza a un funcionario de la justicia salteña.
Aunque el hecho ocurrió la semana pasada, la noticia recién se oficializó ayer a través de un comunicado en el que se informó sobre la denuncia que activó el caso.
La misma, según lo informado, fue radicada por una persona del entorno familiar del fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Ramiro Ramos Ossorio.
Dicho familiar reveló que el viernes último recibió una llamada, realizada por una mujer que no se identificó, a pesar de la insistencia del denunciante.
Durante el llamado, la mujer preguntó sobre la relación con el fiscal Ramos Ossorio, para luego de confirmar que existía un vínculo familiar con el mismo, soltar una serie de amenazas.
Doble amenaza
El familiar que mantuvo el contacto telefónico sostuvo que la desconocida le pidió que le avisara (al fiscal Ramos Ossorio) que “la va a pasar muy mal y que se cuide”. Esto no fue todo, pues siguió y amenazó también a quien recibió el llamado y le advirtió que “también se cuide”.
Enseguida, cortó el llamado, lo que generó gran temor y preocupación entre los parientes del fiscal, quien fue notificado de inmediato respecto a la amenaza que se había hecho en su contra, la cual fue volcada en el entorno familiar.
Obviamente, la persona que llamó conocía el vínculo del interlocutor con el fiscal, por lo que se especula que lo que se quiso lograr fue, precisamente, infundir temor en la familia.
Caso contrario, el llamado podría haber sido realizado al propio fiscal o en su domicilio particular, como generalmente sucede en esta clase de delitos intimidatorios.
Cabe recordar que el delito de amenazas tiene lugar cuando una persona informa a otra acerca de su intención de generarle algún mal. Está previsto en el artículo 149 bis 1er. párrafo del Código Penal Argentino, el cual asigna una pena de prisión de seis meses a dos años para quien impartiere amenazas con el fin de alarmar o amedrentar a una o más personas. La pena se elevará (de uno a tres años de prisión) siempre que se utilizaren armas para cometer este delito, o si las amenazas realizadas fueran anónimas.
Hipótesis
Entre los investigadores que tienen el caso, no se descarta ninguna hipótesis, aunque hasta anoche ya habían algunas pistas que podrían vincular el llamado recibido con el desenlace de un caso penal en el que el fiscal tuvo participación.
Al respecto, cabe señalar que, casualmente, desde mediados de la semana pasada, Ramos Ossorio y su colega, Pablo Rivero, fueron blancos de una campaña mediática por ciertas declaraciones públicas que realizaron en torno a una exhaustiva investigación en el área de homicidios.
