Las actuaciones del fiscal penal Santiago López Soto, iniciaron tras la recepción de denuncias anónimas registradas en la página web del Ministerio Público Fiscal, en las que se advirtió que la acusada comercializaba estupefacientes en las inmediaciones de su vivienda.
De tareas de vigilancia, el control documentado de compradores y el allanamiento realizado el 5 de febrero último en el domicilio de la acusada, en barrio Norte Grande, pudo corroborarse que la mujer tenía en su poder estupefacientes que destinaba a la venta.
Procedimiento
Durante el allanamiento autorizado por el Juzgado de Garantías interviniente, la acusada entregó sustancia vegetal disecada y sustancia blanquecina, en forma voluntaria, y dinero en efectivo, por la suma de $1.265.020 (un millón doscientos sesenta y cinco mil con veinte pesos). El narcotest realizado a la sustancia vegetal disecada dio resultado positivo para cannabis sativa; y el hecho sobre la sustancia blanquecina, fue positivo para clorhidrato de cocaína.
La mujer contaba con antecedentes por infracción a la Ley 23.737, de tenencia y tráfico de estupefacientes.
Por instrucción de la Procuración General de la Provincia, el fiscal penal Santiago López Soto requirió ante el Juzgado de Garantías 6 la afectación del 30% del dinero secuestrado, en virtud de lo dispuesto por la ley provincial 7.838, que establece que “el Juez de Garantías, a requerimiento del Ministerio Público Fiscal, destinará el 30 % del dinero secuestrado a una cuenta de titularidad de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, para solventar gastos vinculados a las investigaciones contra los delitos de su competencia”.
Abusaba a la hijastra
En juicio abreviado que se efectuó en la Sala VI y estuvo presidido por el juez Guillermo Pereyra, un abusador de su hijastra fue condenado a 7 años de prisión efectiva.
M. E. H. fue denunciado por su concubina y se lo condenó por el delito de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una menor de edad, agravado por la guarda y aprovechando la situación de convivencia.
La mujer se enteró de que su pareja había abusado de su hija de 13 años luego de que la menor se lo contara a una maestra de su escuela, durante una clase de educación sexual.
El juez revocó el arresto domiciliario que venía cumpliendo el imputado y ordenó su traslado a la Unidad Carcelaria 1. Dispuso además que M. E. H. reciba atención psicológica terapéutica en el ámbito del penal, previo diagnóstico de un profesional.
Finalmente, ordenó la extracción de material genético del condenado por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.
