Después de un 2020, en el que hubo acusaciones de corrupción contra ex intendentes y otros que iniciaron su gestión en 2019 en diez municipios, el 2021 parece no ser distinto.
La ex jefa comunal de Moldes debe responder por la venta irregular de una cámara frigorífica valuada en una suma que ronda los 500 mil pesos.
Este monto, sin embargo y si se compara con las irregularidades financieras achacadas a otros ex intendentes, es apenas ínfima. Durante 2020, la fiscalía de Delitos Económicos inició investigaciones por el destino de más de 220 millones de pesos que habrían sido desviados, o simplemente, desaparecieron de varios municipios de la provincia.
De la lista de ex intendentes sospechados, los ex jefes comunales de Pichanal y de Campo Quijano, Julio Jalit y Manuel Cornejo, son los que lideran el podio de dinero público, cuyo destino es desconocido. El primero de ellos, es investigado por irregularidades financieras por un monto de 56 millones de pesos, mientras que al segundo se le reprochan maniobras por un monto aún mayor, de 84 millones.
La lista la completan los ex intendentes de San Lorenzo, Ernesto Gonza; de El Quebrachal; Leonardo García, Ignacio Vicente Condorí, de Animaná; Osvaldo García, también de Coronel Moldes; Jorge Prado, de Aguaray: Sergio Ramos, de Rosario de Lerma, Aldo Rogelio Nerón, de Santa Victoria Este y Gustavo Solís Mónico, de Rosario de la Frontera.
De todos los ex intendentes investigados, Jalit, de Pichanal, es el único que, además de los delitos en perjuicio de la administración pública, tiene también una imputación por el delito de contaminación ambiental con residuos peligrosos.
Ex intendenta imputada por fraude
Ayer la Unidad Fiscal de Delitos Económicos Complejos dio a conocer la imputación penal realizada por otro supuesto hecho de fraude, esta vez ocurrido en la localidad de Coronel Moldes.
La imputación, por los delitos de fraude a la administración pública e incumplimiento de deberes de funcionario público, recayeron en la ex intendenta Rita Carreras y en un empresario local, del rubro de carnicería, José Enrique Muñoz.
En vista de las actuales medidas sanitarias impuestas por la pandemia de coronavirus, la ex jefa comunal de Moldes fue imputada mediante una videoconferencia con el fiscal Leandro Flores. De esta manera, Carreras se suma a la lista de 10 ex intendentes investigados por la justicia por distintos hechos de corrupción durante sus respectivas gestiones.
Flores imputó a Carreras los delitos de fraude a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público, los que tienen penas de hasta 6 años de prisión. Muñoz, en tanto, solo fue acusado por el delito de fraude a la administración pública.
Las actuaciones, según lo informado, se iniciaron a partir de una denuncia realizada en febrero de 2020 por el actual intendente de esa localidad, Omar Carrasco, quien puso en conocimiento de la justicia que Carreras vendió en octubre de 2018 una cámara frigorífica del matadero municipal.
La operación de venta, que se hizo presuntamente sin cumplir con las formalidades previstas y sin poner en conocimiento del Concejo Deliberante, se realizó con Muñoz. En el decreto de imputación, el fiscal resaltó que pese a las ganancias y el trabajo que el matadero municipal generaba, la ex intendenta dispuso su cierre para así poder concretar la maniobra fraudulenta.
Discrecional
Con respecto a Carreras, el fiscal le adjudicó la figura de autora, ya que durante su gestión incumplió las normativas que regulan el sistema financiero y de gestión en orden al manejo de una administración pública municipal, en particular, disponiendo en forma discrecional de los recursos municipales –en este caso de una cámara frigorífica- sin observar tales normas y por un precio ínfimo, produciendo en consecuencia un grave perjuicio al erario municipal.
Respecto a Muñoz, quien sería propietario de una carnicería local, se lo considera coautor del delito de fraude a la administración pública, ya que mediante una operación de compraventa con la municipalidad de Coronel Moldes, sin observar los procedimientos correspondientes, logró la disponibilidad de una cámara frigorífica de propiedad de aquella, por una suma irrisoria, contribuyendo con su conducta a la pérdida del objeto mismo del fraude, perteneciente a la administración pública.
