El Papa se comprometió hace algo más de un año a seguir un camino para acabar con la pederastia y hoy ha dado un paso más en la misma senda.
Aseguró que las autoridades de la Iglesia recibirían una hoja de ruta clara para saber cómo actuar si se produce algún caso en su entorno. Y ayer, por fin, ese documento llegó, en forma de vademécum, en donde el documento define qué sería «delito» y subraya que el anonimato no conlleva que la denuncia sea falsa.
Desde el Vaticano se calificó como un «manual de instrucciones», para que nadie más en la Iglesia pueda alegar que no sabía cómo proceder, como ya ha ocurrido.
El documento comienza por definir lo que sería «delito». «La tipología es muy amplia y puede abarcar, por ejemplo, relaciones sexuales –consentidas o no–, contacto físico con intención sexual, exhibicionismo, masturbación, producción de pornografía, inducción a la prostitución, conversaciones y/o propuestas de carácter sexual, incluso mediante medios de comunicación», reza el escrito.
En cuanto a los menores, deja explícito que se trata de quienes no hayan cumplido los 18 años. Otros textos antiguos del Derecho canónico ponían el límite en los 16. Allí, el Vaticano explica cómo y cuándo debería iniciarse una investigación previa.
Y aquí surge una de las mayores novedades: no es necesario que exista una denuncia formal y que el «anonimato del denunciante no debe llevar a suponer automáticamente que la noticia sea falsa».
En ocasiones, algunas denuncias nunca se han tomado en consideración porque se pensaba que la fuente no era creíble. Ahora, todo eso se destierra y se adopta una posición más garantista con las víctimas.
En caso de que haya un mínimo indicio de delito, las Conferencias Episcopales o los superiores de las comunidades religiosas deben iniciar sus pesquisas en paralelo a la Justicia civil, aunque sin interferir en la actuación de esta. Una omisión en este punto es constitutiva de delito, según el Derecho Canónico.
Mientras dure este proceso se pueden tomar medidas cautelares, como apartar a los acusados de las comunidades, sin que se deba entender como una pena, sino como un modo para facilitar el trámite.
Y una vez terminada la investigación, entraría la Congregación para la Doctrina de la Fe, el órgano vaticano responsable de responder ante estos casos.
La decisión puede ser condenatoria, absolutoria o dimisoria (en caso de que no existan pruebas suficientes). Los acusados cuentan con las garantías procesales suficientes como para recurrir, pero en casos muy graves puede haber una sentencia directa del Papa, que se considera inapelable.
Con estas normas el Vaticano aclara que «no se modifica legislación alguna en la materia, sino que se propone clarificar el itinerario».
«El deseo es que este instrumento pueda ayudar a las diócesis, a los institutos de vida consagrada y a las sociedades de vida apostólica, a las conferencias episcopales y a las distintas circunscripciones eclesiásticas a comprender y a cumplir de la mejor forma las exigencias de la Justicia respecto a un delictum gravius –delito grave, en latín–, el cual es para toda la Iglesia una herida profunda y dolorosa que debe ser curada», recalca la Santa Sede.
El prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal español Luis Ladaria Ferrer, fue uno de los encargados de defender el vademécum. «La historia reciente atestigua la mayor atención de la Iglesia a este flagelo.
El camino de la justicia por sí solo no puede agotar la acción de la Iglesia, pero es necesario para llegar a la verdad.
Es un camino articulado, que se adentra en el denso bosque de normas y prácticas, ante el cual los ordinarios y superiores se encuentran, a veces, en la incertidumbre de la dirección a seguir», expresó.
Se considera que el documento es una «versión 1.0», es decir, que está sujeta a cambios, ya que los casos de abusos pueden requerir soluciones complejas que no estén recogidas en este manual.
