La justicia chilena determinó que el Estado deberá pagar 3,8 millones de dólares a 31 de los 33 mineros que sobrevivieron "enterrados" a 700 metros de profundidad en la mina San José, en pleno desierto de Atacama, a 800 kilómetros al norte de Santiago.
La resolución se obtiene a ocho años de la histórica hazaña que conmovió al mundo entero y tuvo a Chile en el centro de la noticia luego que todo un turno quedara encerrado y todo un país se movilizara por su rescate, que se convirtió en una epopeya al rescatar a todos los mineros con vida. Incluso Hollywood llegó a rodar una película sobre el hecho. El Noveno Juzgado Civil de Santiago determinó que 31 mineros, de los 33 que en 2010 quedaron bajo tierra, recibirán individualmente 123 mil dólares como indemnización tras establecerse la responsabilidad del Estado en el derrumbe ocurrido el 5 de agosto de ese año, que los tuvo 70 días atrapados.
La magistrada Lidia Poza estableció la responsabilidad del Estado, específicamente del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud y la Dirección del Trabajo, por la falta de fiscalización de la Empresa Minera San Esteban, dueña del yacimiento donde se produjo el accidente. El fallo indicó que el monto de resarcimiento es "por razones de prudencia y sobriedad, teniendo como parámetro que, aunque afectada en su máximo, la vida ha sido preservada y, por lo tanto, quedan esperanzas de recuperación. Y porque debe servir simbólicamente para que quienes detentan la autoridad sobre la materia materialicen en medidas concretas lo que esta experiencia nos ha dejado a todos/as como aprendizaje". La compensación es para 31 de los 33, visto que dos de ellos no se sumaron a la demanda civil: Raúl Bustos y Juan Illanes. La jueza desechó los argumentos del Fisco, el cual mencionó el otorgamiento de una pensión vitalicia.
