La dividida izquierda peruana busca reacomodarse en el Congreso para enfrentar los retos inmediatos, el primero de los cuales será una moción de censura contra la presidenta Dina Boluarte por las 67 muertes que dejaron hasta ahora las protestas populares.
Por lo pronto, dos bancadas del sector, Juntos por Perú y Perú Democrático, se fusionaron bajo el primer nombre y estarán el próximo jueves en la vanguardia, junto a lo que queda en el parlamento del ex partido gobernante Perú Libre (PL), en el primer intento por “ vacar” (destituir) a Boluarte.
“La izquierda debe entrar en un proceso de reorganización, encontrar su nuevo papel de oposición y buscar un catalizador, que hasta ahora no tiene, para las próximas elecciones”, dijo el politólogo Roger Santa Cruz con respecto a la situación del sector, visiblemente golpeado por lo que ocurrió en el gobierno de Pedro Castillo, depuesto el 7 de diciembre.
Dos nombres surgieron hasta el momento como opciones para ser ese presumible catalizador, apunta Santa Cruz: el exprimer ministro Aníbal Torres y la expresidenta del Tribunal Constitucional (TC) Marianella Ledesma, pero aún falta mucho por recorrer.
Torres tiene en contra su evidente cercanía con el presidente destituido, el proceso judicial por presunta participación en el intento de cerrar el Congreso, la edad (80 años) y el radicalismo que se le atribuye, mientras Ledesma es muy respetada en ámbitos académicos pero resulta desconocida para el peruano promedio.
El escenario político en Perú es tan confuso hoy que ni siquiera hay certeza de cuándo se efectuarán las siguientes elecciones.
La izquierda, que llegó sorpresivamente al poder en 2021 de la mano del sindicalista Castillo, quedó en el centro de las polémicas en sus 17 meses de gobierno, en medio de la ofensiva política y mediática de la derecha y de los errores atribuidos al mandatario, cuya popularidad se evaporó rápido.
En ese marco, Perú Libre, que tenía la mayor bancada, aunque lejos de la mayoría absoluta, se fragmentó en cuatro grupos, con luchas internas de las que además surgió la renuncia de Castillo al partido y la expulsión de las filas de Boluarte, entonces vicepresidenta y ministra de Inclusión Social.
Además, parlamentarios que están o estuvieron en PL fueron objeto de acusaciones de corrupción y, de hecho, nueve de ellos aparecen en la lista de 23legisladores cuyas casas y/u oficinas fueron allanadas la semana pasada por la Fiscalía.
En ese contexto, los analistas prácticamente descartan que la izquierda parlamentaria logre un primer éxito, como sería juntar los 87 votos que se necesitan para destituir a Boluarte, a quien sus excompañeros de filas consideran la principal responsable de la represión y le atribuyen por tanto “incapacidad moral” para gobernar.
Las dificultades para el sector también se evidenciaron cuando varios de sus miembros votaron a favor de destituir como congresista a su excompañera de partido Bettsy Chávez, contra quien se aprobó la semana pasada una acusación constitucional por “rebelión y sedición” por su presunta participación como primera ministra en el intento de Castillo de gobernar sin parlamento.
“El gobierno con sus socios del Congreso, la prensa y los eternos corruptos se esmeran en seguir difamándonos, pero el pueblo ya despertó”, reaccionó Chávez, una abogada de 33 años que en un momento fue vista como una de las figuras más promisorias de la izquierda peruana.
La ex primera ministra, a quien videos muestran al lado de Castillo en el momento de anunciar el cierre del Congreso, será reemplazada en el Legislativo por Isaac Mita, abogado del departamento sureño de Tacna que milita en PL y se sumará por lo tanto a la oposición.
El parlamento además aprobó la acusación contra el entonces ministro de Comercio de Castillo, Roberto Sánchez, bajo los mismos cargos que a Chávez, pero en su caso se abstuvo de suspenderlo de su función como congresista, lo que generó una nueva polémica.
En efecto, aunque los legisladores no explicaron la razón por la que aprobaron la salida de Chávez y no la de Sánchez a pesar de estar en el mismo expediente, el rumor extendido es que hubo un acuerdo secreto porque el posible reemplazo del último era Gahela Cari, quien hubiera sido la primera persona transexual en llegar al parlamento en el conservador Perú.
“Este Congreso es transfóbico, no ha hecho nada por las personas trans, yo creo que eso fue un factor de peso en el momento de tomar la decisión; sinceramente no espero nada de este Congreso podrido”, reaccionó Cari, activista de las causas LGTBI que se había postulado junto a Sánchez en la lista del partido de izquierda Juntos por Perú.
El proceso a Castillo y sus colaboradores en el intento de cierre del Congreso, la moción contra Boluarte y los allanamientos a congresistas se producen en un marco en el que más de 90% de peruanos, según encuestas, exige elecciones inmediatas para cambiar el Ejecutivo y el Legislativo antes de que termine el período en 2026.
Representantes de la Fiscalía, con orden judicial en mano, tomaron el viernes 41 inmuebles entre residencias y oficinas de 23 parlamentarios en busca de evidencias de delitos de corrupción cometidos desde julio de 2021. La diligencia incluyó además a la para entonces ya suspendida Chávez.
Aunque la Fiscalía guarda reserva sobre lo hallado, el caso que más llamó la atención es el de José Arriola, del partido de centroderecha Acción Popular, bajo cuyo colchón, en una casa de un exclusivo sector del distrito limeño La Molina, se hallaron 72.000 dólares y 34.000 soles (unos 10.000 dólares) en efectivo.
Lo ocurrido afectó aún más la reputación del Congreso, cuya aprobación popular alcanza a 7% en las encuestas más optimistas. La crisis política no es una exclusividad de la izquierda, pues también las organizaciones de derecha y centro están hundidas en un grave descrédito, el mayor desde el retorno pleno a la democracia en 2001.
El escenario político en Perú es tan confuso hoy que ni siquiera hay certeza de cuándo se efectuarán las siguientes elecciones. Aunque la mayoría de los congresistas dio muestras de que quiere permanecer en sus sitios hasta 2026, analistas estiman inviable que lo consigan, debido a la reacción popular.
Por lo pronto, las protestas están detenidas tras la ola que dejó 67 muertes esde diciembre (49 civiles en enfrentamientos, otros 11 como consecuencia de los bloqueos de rutas y seis militares y un policía "en el contexto del conflicto", según la Defensoría del Pueblo), pero no se descarta una reactivación en cuanto pase la emergencia por las lluvias y las inundaciones que también dejan más de 50 muertes.
Fuente: Télam
