La Cámara de Diputados mexicana aprobó la ley que habilita a las Fuerzas Armadas a intervenir en seguridad pública y manifestaciones. Ahora pasa al Senado para su ratificación. Sectores de la oposición sostienen que esta es una avanzada que pone en riesgo los derechos y las libertades de los ciudadanos.
En la sesión de Diputados el proyecto tuvo 248 votos a favor, del PRI y el Partido Verde principalmente, y el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular los artículos no reservados de la Ley de Seguridad Interior.
Esta legislación otorga formalmente facultades a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública que sólo correspondían a las policías bajo el mando de las autoridades civiles. Entre otras, aplicar acciones "preventivas" a su criterio, intervenir contra protestas sociales si considera que no son pacíficas y participar en áreas de inteligencia civil, advierte el colectivo #SeguridadsinGuerra, que integran diversas organizaciones de la sociedad civil.
Durante la votación en comisiones el diputado David Gerson, del PRD, afirmó que "el gobierno ha sido rebasado por el crimen organizado en todos sus niveles", y que su respuesta es echar mano del Ejército.
El Ejércitoen las calles
Carolina Viggiano, del PRI, aclaró: "No vamos a mandar al Ejército a las calles; el Ejército está en las calles desde hace muchos años. Tenemos mucho tiempo que les debemos este instrumento".
Amenazas al derecho y libertades
Clemente Castañeda, del Movimiento Ciudadano, calificó la ley como "amenaza potencial a los derechos y libertades" y "una de las irresponsabilidades históricas más grandes" en la historia del país.
La ley aprobada además inclina más la balanza en favor del presidente en materia de seguridad, pues podrá ordenar por sí solo la intervención de la Federación para realizar acciones de seguridad interior (artículo 11) y lo faculta –previa consulta al Consejo de Seguridad Nacional– para emitir una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior (artículo 12), escribió recientemente Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
