La entrega de esos niños, mayoritariamente a familias de Estados Unidos, ocurrió durante las décadas de 1970 y 1980, confirmó el juez que investiga el caso, Mario Carroza, en declaraciones publicadas ayer por el diario de Santiago de Chile, La Tercera.
“Estamos investigando los casos que hubo de sustracción de menores durante el período de 1973 a 1990”, durante el que se extendió la dictadura de Pinochet, y “en razón de ese seguimiento y esa indagatoria, nos han llegado antecedentes respecto de varios menores que fueron entregados en adopción irregular”, explicó el magistrado Carroza.
Ampliación del proceso
El proceso, que se había iniciado con una cantidad limitada de querellas, se amplió a cerca de 500 casos merced a un informe de María Cecilia Erazo, una asistente social y abogada que trabaja como perito judicial en la Corte de Apelaciones de Santiago, de la que Carroza es magistrado.
Por el caso está imputada la asistente social Telma Uribe, de 96 años.Según una publicación del diario chileno La Tercera, Uribe tuvo una activa vinculación con diversos organismos internacionales que facilitaban la adopciones de niños de perseguidos políticos a familias extranjeras, la mayoría estadounidenses, durante las décadas del 70 y 80.
