Si bien no se oponen a la minería, las comunidades pedían por la participación y consulta de los pueblos originarios y además que se les destine un porcentaje de las regalías para realizar proyectos productivos.
De acuerdo al proyecto, la regalía minera se determinará sobre el volumen físico de las sustancias minerales extraídas de cada yacimiento en boca-mina, con independencia de su posterior beneficio.
El importe será del 3% sobre el “valor de boca-mina” del mineral extraído, transportado o acumulado y previo a cualquier proceso de transformación.
Los montos recaudados en concepto de regalía minera se distribuirán en los siguientes porcentajes: 20% para los Municipios, de los cuales el 11,25% será para el Municipio donde se origine la producción minera, 6,25% para municipios no productores que se encuentran dentro del departamento productor y 2,5% para los municipios ubicados en departamentos no productores.
El 10% se destinará para el Fondo Especial de Promoción Minera, del cual se asignará el 5% para promoción y capacitación, el 2,5% a tareas de fiscalización, control y estímulo; y el 2,5% a políticas de prevención y mitigación ambiental y social.
El Poder Ejecutivo reglamentará la distribución de los fondos, determinando los municipios beneficiarios con índices o porcentuales que percibirá cada uno de ellos, de acuerdo a la producción y población, y conforme a los porcentajes expresados.
Durante su tratamiento, Martín Arjona sostuvo que “cualquier proyecto de minería afecta directamente a los habitantes de los departamentos productores, ya que muchos pueblos solo cuentan con la minería como único ingreso”. Agregó que muchos aspectos no fueron considerados al no haber un análisis sobre estos que “son recursos no renovables”.
Indicó que la pretensión es que los recursos se transformen en ingresos sostenibles para los municipios y sus habitantes, por lo que pidió que el proyecto minero se debata con legisladores, intendentes y autoridades de los departamentos productores y que se le dé una participación activa a las comunidades originarias, “que son las más perjudicadas y deberían ser las más beneficiadas” por los derechos ancestrales.
También se refirió a la irregularidad de los trabajadores mineros que están encuadrados en convenios diferentes con sueldos bajos.
Además, hizo hincapié en el daño ambiental que provocaron las empresas mineras, del que no escapan Mina Lindero y Taca Taca, que extraen a cielo abierto.