Esta situación se dio en medio del agitado contexto que mantiene a todos los puntos de la provincia, con permanentes protestas en manos de las disidencias docentes y de salud, que continúan pidiendo por la apertura al diálogo pese a la insistente respuesta del Gobierno, sobre la falta de legitimidad sindical.
Justamente este fue uno de los puntos que pesó en la discusión dentro del Senado. Desde el miércoles, 21 de los legisladores empezaron a discutir en un debate que fue caracterizado por la falta de consensos sobre la iniciativa.
Y es que hasta el jueves previo a la sesión según pudo averiguar Nuevo Diario todavía no había acuerdos. De hecho, el propio senador Miguel Calabró reconoció que hasta estuvo en cuestionamiento dar quorum para que la sesión se realice ante la falta de consenso.
La polémica que representaba reglamentar garantías constitucionales como el derecho a huelga generó posiciones divididas pocas veces vista en el Senado de la Provincia.
¿Cómo fue el tratamiento?
El proyecto tuvo que superar distintas instancias para llegar a tratarse y aprobarse en la sesión del Senado.
El primer obstáculo fue llegar a tener el acuerdo para que un proyecto sin dictamen y que no estaba en el orden del día (que se define una semana antes), pueda tratarse en la jornada. Para ello se debía contar con un apoyo de las ⅔ partes de la totalidad del cuerpo. En este punto solo el senador de Cachi, Walter Wayar se opuso al tratamiento, mientras que los otros senadores - incluso los que luego votaron en contra - apoyaron que la iniciativa se trate en la sesión.
Este hecho marcó un cuestionamiento de las fuerzas opositoras, que reclamaron que, si querían haber evitado que el proyecto se apruebe, solo bastaba con que los senadores que se pronunciaron en contra no den acuerdo para el tratamiento.
El acuerdo de que el proyecto llegue a tratarse en la sesión se terminó de concretar al mediodía de ayer jueves en lo que fue la reunión del Bloque Parlamentario donde los senadores definen los temas a tratar.
Senadores confirmaron a este medio que fue el oficialismo del Senado el que presionó para que haya acuerdo en dar quorum al tratamiento sobre tablas de la polémica ley. Había una premisa: que se contaba con los votos para aprobar la ley pero no para imponer el tratamiento, esto fue el punto crucial de la negociación y el que finalmente se alcanzó previo a la sesión.
La mayoría de los senadores que votaron en contra no solo se basaban en la inconstitucionalidad que podría implicar el proyecto, sino que argumentaron en contra de la rapidez con que se insistió se trate.
El senado es un espacio legislativo que ha caracterizado el tratamiento de leyes en comisiones con participación de asesores, personas interesadas de la sociedad civil, funcionarios públicos, entre otros.
Javier Mónico miembro informante y presidente de la Comisión de Legislación defendió está rapidez en el tratamiento argumentando que “era el momento político para hacerlo” y sostuvo que los legisladores contaron con todas las herramientas para decidir.
Algunos senadores como Carlos Ampuero se refirió a este punto e indicó que el cuerpo de asesores de la cámara alta coincidían en el criterio que un proyecto tan sensible debía haberse tratado más profundamente y en comisiones.
Once votos a favor, diez en contra y dos ausencias
Este jueves hubo dos ausencias en la sesión; la de Walter Abán de Molinos que por cuestiones de salud viene ausentándose de las sesiones. El otro gran ausente fue Dani Nolasco de la Poma y presidente del bloque oficialista “Compromiso por Salta”.
En tanto, en el momento de la votación, los que levantaron la mano a favor de esta regulación fueron Jorge Soto de La Viña, Alfredo Sanguino de La Candelaria, Juan Cruz Cura de Orán, Javier Mónico de Rosario de la Frontera, Sergio Ramos de Rosario de Lerma, Mashur Lapad de Rivadavia, Fernando Sanz Vega de Cerrillos, Diego Cari de Guachipas, Emiliano Durand de Capital, Esteban D´Andrea de Chicoana y Marcelo García de Anta.
De estos solo Mónico (miembro informante), Sanz Vega, D´Andrea, García y Soto fueron los que hablaron para defender el proyecto.
Mientras que los que votaron en contra fueron Miguel Calabró de La Caldera, Sonia Magno de San Carlos, Manuel Pailler de San Martín, Leopoldo Salva de Los Andes, Walter Cruz de Iruya, Carlos Ampuero de Santa Victoria, Héctor D´Auria de Metán, Walter Wayar de Cachi y Carlos Rosso de Güemes. La mayoría de estos senadores que votaron por la negativa no solo se basaban en la inconstitucionalidad que podría implicar el proyecto, sino que argumentaron en contra de la rapidez con que se insistió se trate. Y es que el Senado es un espacio legislativo que ha caracterizado el tratamiento de leyes en comisiones con participación de asesores, personas interesadas de la sociedad civil, funcionarios públicos, entre otros.
El dato de color lo dio D´Auria, quien desde el oficialismo era considerado como un voto seguro pero finalmente terminó optando por no acompañar el proyecto, eso sí, sin fundamentar su decisión.
Asimismo, cabe resaltar que entre los que se opusieron (la mayoría del oficialismo) usaron su turno para expresar los motivos de su decisión, pero también para aclarar de manera sostenida que ese voto en contra no implicaba una decisión de desconocer el acompañamiento a la figura del gobernador Gustavo Sáenz, salvo Wayar quien en su oratoria fustigó duramente el proyecto, posicionándose claramente como único opositor.
Entidades de comercio y productivas se posicionaron a favor
A través de un comunicado, diversas entidades de actividades productivas, comerciales, de turismo y servicio apoyaron la aprobación del proyecto de ley que regula las manifestaciones sociales, que ya fue aprobada con la sanción definitiva en la Cámara de Senadores,
La Sociedad Rural Salteña, la Cámara de Turismo de Salta, la Cámara de la Minería de Salta, la Cámara de Comercio e Industria de Salta, la Cámara de Comercio Exterior de Salta, la Cámara de Proveedores de Empresas Mineras, la Cámara de la Producción y la Agroindustria, la Asociación de Productores de Granos del Norte (PROGRANO), la Federación de Entidades Rurales Salteñas y la Cámara de Transportistas de Salta emitieron un comunicado donde se mostraron a favor de la Ley Antipiquetes.
“Los ciudadanos que transitamos diariamente por las rutas y calles llevando a cabo nuestras actividades productivas, comerciales, de turismo y servicios; exigimos a los actores políticos que dejen de lado las cuestiones partidistas y electorales - incluimos al sistema de justicia - y que entre todos asuman con responsabilidad su rol para garantizar el libre tránsito en nuestras vías. En momentos de dificultad, es crucial tomar medidas decididas y efectivas. Apoyamos firmemente aquellas acciones que promuevan la convivencia pacífica, el libre tránsito y que contribuyan al bienestar de todos los ciudadanos, sin socavar la libertad de expresión y el derecho a manifestarse”, inició el comunicado.
A ello, agregaron que “consideramos favorable que se apruebe un proyecto de ley que fomente el respeto mutuo entre los distintos actores de nuestra sociedad” y expresaron que se debe “alcanzar un equilibrio entre el ejercicio de nuestras libertades y las responsabilidades individuales es fundamental para construir una provincia próspera y en armonía”.
El posicionamiento continuó con un llamado a “la unidad y al compromiso de proteger tanto la circulación de aquellos que transitamos a diario por los caminos de nuestra provincia como el derecho a la expresión y protesta en el marco del respeto”.
