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NO RESPONDE PEDIDOS DE INFORME

Concejales iniciaron el juicio político contra el intendente de Colonia Santa Rosa

Mediante la Resolución 098/22, el Concejo Deliberante de Colonia Santa Rosa inició por unanimidad el proceso de juicio político al intendente Jorge Guerra por incumplimiento de los deberes de funcionario público a raíz de la falta de respuesta a los pedidos de informes del cuerpo.

NDS |

Jorge Guerra (intendente de Colonia Santa Rosa) y Facundo Domínguez (derecha), presidente del Concejo Deliberante..
Jorge Guerra (intendente de Colonia Santa Rosa) y Facundo Domínguez (derecha), presidente del Concejo Deliberante..

La decisión del Concejo Deliberante fue avalada por los 7 concejales que componen hoy el cuerpo, en contra del intendente Guerra que hasta el momento no ha contestado los pedidos de informes ni ha ejecutado las ordenanzas que plantearon los ediles.

Los concejales firmantes fueron Facundo Domínguez, Facundo Quiroga, Enrique Zazzarini, Elio Calisaya, Omar Ramírez, Antonio Benítez y Ramona Díaz.

Según consta en los antecedentes, la Municipalidad de Colonia Santa Rosa debe al cuerpo de ediles la respuesta de 14 pedidos de informes que fueron aprobados por los concejales. Además, también el intendente nunca reglamentó y ejecuto las ordenanzas 04/22, 11/22 y 14/22, que regulaban el sueldo del intendente, creaban una oficina de Defensa al Consumidor dentro del ámbito municipal y modificaban el valor de la unidad fiscal impositiva del pueblo.

Cabe destacar que este último punto inició un conflicto directo entre los ediles y el intendente, ya que Guerra decidió suspender el pago de los sueldos de los concejales lo que valió una denuncia ante la Fiscalía Penal local por el delito de retención indebida.

La relación del ejecutivo municipal con el legislativo local escalo hasta estos términos dada la falta de negociación del mandatario para generar consensos, según señalaron los concejales.

Con la resolución, el cuerpo se declara en comisión permanente ante el proceso que evaluará la continuidad del mandatario municipal en el cargo.

El proceso de juicio político es para evaluar posibles sanciones a las actitudes que pueda tener un funcionario ejecutivo y es la instancia administrativa que permite a los ediles generar castigos que van desde multas económicas o destituciones del cargo.

Desde la promulgación de la resolución en el día de hoy, el intendente tiene un plazo de 10 días para presentar un descargo a las acusaciones de los concejales.

Luego de eso, habrá una instancia de 20 días donde el ejecutivo y los concejales podrán presentar pruebas que sustenten sus posiciones. Tras ello y la producción de alegatos, el cuerpo tiene un máximo de 20 días hábiles para determinar la sanción o no del mandatario municipal.

Sin embargo dirigentes políticos advirtieron a Nuevo Diario que una judicialización por la justicia ordinaria es casi inevitable. Y es que la pésima relación que mantiene el intendente con los ediles permite suponer que es casi seguro que el cuerpo falle en contra del mandatario y lo destituya del cargo.

De suceder eso, Guerra tiene la instancia de apelación a través del Tribunal de Impugnación dentro del Poder Judicial, donde lo más común que pase es que se otorgue una medida cautelar para que el intendente continúe en el cargo hasta tanto se analice complejamente la destitución.

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