Eso sucedió cuando en la última sesión de la Cámara de Diputados votaron en forma negativa al proyecto de ley que dispone la expropiación de una fracción de un inmueble (latifundio) de General Ballivián con destino a la construcción de viviendas, lotes con servicios para ser incluidos en el Plan Mi Lote y/o ampliación del cementerio municipal.
El proyecto fue aprobado por mayoría, con los votos en negativo de los diputados Roque Cornejo, Julieta Perdigón, Cristina Fiore (todos del bloque Ahora Patria) y de Sofía Sierra (PRO).
En los fundamentos de la iniciativa se destaca que en el municipio en cuestión se registra un crecimiento demográfico en su núcleo poblacional que impacta principalmente en la demanda de viviendas, lo que no puede ser satisfecho debido primordialmente a la nula existencia de tierras fiscales en el ejido municipal, ya sean provinciales o municipales.
Por otro lado, se explica que es imprescindible contar con terrenos aptos que permitan el desarrollo del poblado en forma ordenada y planificada, a fin de evitar impacto desfavorable en la calidad de vida de sus habitantes y poder planificar la construcción de viviendas I.P.V.
La autora de la iniciativa, diputada Ana Córdoba (San Martín-BJGSC) explicó que esta iniciativa es muy importante para los vecinos de la localidad, ya que desde el Municipio se vienen realizando gestiones desde hace mucho tiempo sin resultados positivos, pero con este proyecto llevamos soluciones a las personas. “En la actualidad General Ballivián tiene 128 hectáreas, de las cuales 93 son de pueblos originarias y 35 de los criollos, esto es una problemática que no se puede pasar por alto, ya que los vecinos llegan a un acuerdo con las comunidades; les ceden espacios, pero no pueden acceder a escrituras”, dijo la legisladora.
Una excepción podría impedir vencimiento de un proyecto de ley
Mediante un proyecto de ley se contempla que cinco comunidades originarias tengan reconocimiento en la ley 7121 del Instituto de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS). Ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores desde 2019 y no se trató en Diputados estos años y este 2022 quedaría caduco al quedar sin estado parlamentario y donde hace un par de semanas se intentó dar dictamen al proyecto, pero no se logró el objetivo.
Ahora la última posibilidad estaría sujeta a que en Diputados por excepción se lo incorpore en el temario junto al tratamiento del proyecto de ley de Presupuesto General de la Provincia-Ejercicio 2023, previsto para el miércoles 14 de diciembre. En principio no habría voluntad política de su aprobación, atento a lo ocurrido estos años en las comisiones que debían darle dictamen.
Los pueblos Iogys, Atacama, Weenhayek, Lules y Tastil son los que están incluidos para este reconocimiento en la ley 7121. La presión de los referentes para que se trate el proyecto de ley y se le de sanción definitiva, surgió meses atrás con la toma simbólica de la sede del IPPIS, también se encadenaron en la puerta de la Legislatura para que se de tratamiento al proyecto de ley Expediente 90/27215/18. Las tratativas ante esta situación luego las hizo el titular de la Comisión de Diversidad Cultural, Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario, el diputado Rojelio Segundo (Rivadavia-BJGSC), quien es de ascendencia étnica wichi.
Todo hace prever que el proyecto de ley quedara trunco y las cinco etnias deberán esperar el próximo período legislativo para insistir con su reconocimiento. Integrar el IPPIS es elemental para que cuente con personerías jurídicas, tener voz y voto en el organismo y acceder a diferentes planes tanto de Nación como Provincia, ser dotados de servicios básicos como agua y energía eléctrica, para mejorar sus condiciones de vida.
