La Cámara de Diputados sancionó anoche la ley por la cual se regulará la comercialización de cigarrillos, puros, tabaco para armar o tabaco en hebras o picado en el ámbito provincial.
El propósito de esta normativa es la de evitar la venta de estos productos de carácter ilegal ya sea por ingreso desde países vecinos o elaborados por establecimientos no ajustados a derecho. Además de evitar las pérdidas de ingresos fiscales a la Provincia por esta competencia ilegítima y la preservación de las fuentes laborales del sector.
Hubo pedidos de vuelta a comisión del proyecto de ley -que provenía en revisión de la Cámara de Senadores- señalándose entre otras objeciones que se trata de una ley que avanza sobre legislación nacional o sea es inconstitucional. Además de incluir cuestiones que ya están reguladas a nivel nacional.
Zapata pidó control y seguimiento, multas y clausuras
El diputado Carlos Zapata (Capital-Ahora Patria) con su voto negativo, defendió su dictamen en minoría expresando estas objeciones. Su dictamen evitaba las superposiciones o invasión en legislación nacional y trasladaba solo a las acciones de Rentas en cuanto al régimen de control y seguimiento de la comercialización del tabaco, además de contar con un registro de quienes comercializan esos productos.
En este contexto, el legislador se opuso al dictamen de mayoría, pero acompaña el objetivo final de la ley. Además, planteó una serie de modificaciones y pidió “un régimen de control y seguimiento, multas y clausuras”.
El referente de Ahora Patria tomó la palabra para opinar sobre el proyecto que regula la comercialización de cigarrillos y que obtuvo dictamen de mayoría. Zapata explicó que este marco legal “interfiere con leyes nacionales” que tienen el mismo objetivo.
“En el dictamen de minoría, que me parece superador, pido establecer la creación de un registro de expendedores de productos elaborados con tabaco, que deberá ser llevado y estar a cargo de la Secretaría de Seguridad, como el tema de las bebidas alcohólicas, dijo Carlos Zapata, luego de plantear algunas contradicciones en el proyecto.
Asimismo, el legislador agregó: “Las infracciones tipificadas en el proyecto de ley o en el dictamen de minoría, tienen la misma pena que establece el proyecto del dictamen de mayoría, o sea, de 70 mil a 240 mil unidades tributarias. La unidad tributaria tiene un valor de $3,5 pesos, entonces, las multas oscilarían entre los $245 mil y 840 mil pesos por las infracciones. Y las reincidencias sería motivo de clausura, además de establecer la pena de decomiso”.
Se extendió el debate virtual
Tras el largo debate -que además se extendió a raíz de algunas dificultades en la comunicación vía virtual de los legisladores- la ley fue sancionada por 41 votos a favor.
Previo a ello también se rechazó la vuelta a comisión del proyecto, resultando la votación de 39 por la negativa y de 17 a favor.
Mientras que el bloque en pleno del Frente para la Victoria, en total 10 diputados fueron autorizados a abstenerse.
También lo hizo en ese sentido el diputado Claudio del Plá (Capital-PO), quien dijo no votaría una ley para favorecer a la rentabilidad del sector tabacalero con el argumento de combatir la evasión y no defender la fuente de trabajo, ya que en diciembre Diputados le dio la espalda al despido de 300 operarios de la procesadora de tabaco de El Carril.
Por la negativa en general y particular votaron los diputados Carlos Zapata y Héctor Chibán (Capital-UCR).
En particular los votos negativos en los artículos 2, 4, 5 y 6 lo hicieron los diputados Cristina Fiore, Baltasar Lara Gros (ambos del PRS) y Gladys Moises (Metán-Cambiemos-PRO).
Palabras de Amat
El presidente de la Cámara de Diputados, quien a su vez es el titular de la Cámara del Tabaco de Salta, Esteban Amat Lacroix, bajó del estrado para dirigir palabras sobre la necesidad de aprobar la ley. Señaló que “esta actividad se nutre de un impuesto por la ley 19.800 y en base a ésta cada paquete de cigarrillos tributa el 75% de la marca más vendida, esto estaría más o menos en los $70 por paquete de cigarrillos de impuestos, lo que representa un total de $150 mil millones de pesos anuales a las arcas nacionales”.
Recordó la sanción de la ley en 2009 que permitió la continuidad de trabajo por la actividad tabacalera en el país.
“Debo agradecer a la entonces presidenta Cristina Kirchner, que nos recibió en la Casa Rosada y reformamos y sacamos un proyecto de ley contemplando todo lo que pedía la Organización Mundial de la Salud, donde los paquetes tenían que tener impreso las enfermedades que ocasiona su consumo, no vender cigarrillos sueltos, precio alto para desalentar el consumo, un adicional al FET.
Esa ley permitió que la producción que estaba muy mal pudiera continuar. El 80 % de la producción se exporta y parte de esa recaudación el 7% va a las provincias tabacaleras. El Fondo de Asistencia Solidaria, parte del el IFE sale de esos recursos la obra social OSPRERA se cubre de esa recaudación.
Vemos tres factores que desvían esos recursos y se están evadiendo entre 50 millones de pesos anuales”, indicó.
“Esos son el contrabando, los amparos que algunos jueces aprueban para que las empresas tributen menos, en des-lealtad con otras firmas. Y la baja de la recaudación perjudica a estos fondos para las provincias.
Amat confía que leyes similares se apliquen en el país y desalentar la venta ilegal de cigarrillos.
