La pluralidad de voces resulta esencial para el funcionamiento de la democracia porque asegura el derecho a la comunicación para todos de manera inclusiva atento a que se trata de un derecho humano, y quienes trabajan en ello no solo deben poder acceder a condiciones que garanticen la libre expresión, sino también a los medios conducentes para ejercer dignamente esta profesión.
Por un lado, el FOCIS (Foro de Observación de Calidad Institucional) enmarcó esta observación en una carta al gobernador. En tanto que desde el Concejo Deliberante capitalino, la edil Candela Correa cuestionó también en medio de un estado de emergencia, el pago de la pauta publicitaria oficial a la intendenta Romero.
Libertad y calidad institucional
El Foro de Calidad Institucional, con fecha 10 de enero de este año se envió una carta dirigida al gobernador Gustavo Sáenz, con el objeto de realizar en primer lugar las manifestaciones institucionales correspondientes.
Además efectuaron un pedido de audiencia con el objetivo de conocer la impresión del mandatario sobre determinados puntos, entre ellos sobre la independencia de la Justicia; la supremacía de la Constitución y los tratados internacionales; el respeto a las minorías; poderes controlados; idoneidad y mérito para servicios eficaces; perspectiva de género; producción ambiental; federalismo y regionalización, reforma constitucional; y libertad de expresión.
En materia de la libertad de expresión, el organismo advierte en el comunicado que “es sabido que en nuestro pasado reciente el manejo discrecional de la así llamada pauta publicitaria ha funcionado como una destrucción a la libertad de expresión”, sostiene.
Luego insta enfáticamente “al fin de estas prácticas y la sanción de una norma que, basándose en criterios objetivos, apoye y promueva la libertad de opinar, de expresarse y de publicar ideas”.
Escudero: "Pluralidad de posiciones"
Nuevo Diario dialogó con Sonia Escudero, miembro del Foro que destacó las instancias en donde la institución llamó a la provincia a la adhesión de la Ley de Acceso a la Información Pública, como también las reuniones de Gobierno abierto: “Recién al finalizar al mandato del gobernador Juan Manuel Urtubey aparece esta adhesión, pero después de eso no tuvimos nada más”, indicó.
“Como parte de ese derecho a la información pública está la pauta oficial publicitaria”, dijo Escudero e insistió en la necesidad de una ley que establezca que la pauta oficial se distribuya con criterios objetivos, diferenciando, además, entre publicidad oficial y propaganda política con fondos públicos.
La legisladora nacional mandato cumplido manifestó preguntada por cuáles serían los criterios que se deberían manejar: “Pueden ser los de audiencia, tirada, pero también tiene que haber criterios objetivos de pluralidad de posiciones para que la gente tenga una visión completa de las distintas posiciones que hay y pueda tomar sus decisiones”.
Sonia Escudero resaltó también la importancia de que los montos correspondientes a pautas oficiales deben ser información de acceso público: “No hace falta esperar una ley especial, esa información ya debería estar cargada”, enfatizó.
Por último, y preguntada por el polémico Memorándum en Salud que se dejó sin efecto, celebró la visibilización en los medios y la decisión del gobernador de dar marcha atrás con el mismo.
La Municipalidad bajo la lupa
En el mismo sentido, se conoció ayer una presentación dirigida a la intendenta Bettina Romero, que lleva la firma de la concejal Candela Correa, quien expuso que se debe regular la utilización de la propaganda oficial con un mecanismo legal avalado.
La nota no solo advierte la preocupación por “una inacción” frente a demandas básicas de la ciudadanía sino que sostiene que “llama poderosamente la atención que se destine el pago de cifras millonarias a los principales medios hegemónicos”.
Además sugiere que para transparentar los actos de Gobierno, y evitando la discrecionalidad en la distribución de la pauta oficial: “He instruido al equipo que me acompaña a que, solicitando el asesoramiento de las carreras de Comunicaciones de ambas universidades, se aboquen a la elaboración de un proyecto de ordenanza que regularice y protocolice la utilización de estos recursos”.
De ser tenidos en cuenta estos planteos para ambos ejecutivos, se trataría de una posibilidad histórica para la provincia, y la oportunidad para los pequeños medios de comunicación de poder finalmente ejercer democráticamente la palabra.
