Calificó de inconstitucional lo realizado por el Poder Legislativo advirtiendo que si tiene una causa judicial, no está condenado. No hay una sentencia y el proceso no ha concluido en relación a la causa por la venta de caños del gasoducto del Nea.
En otro orden, consignó que no había conflictos sociales, el municipio no está en rojo, los sueldos y compromisos están al día y en lo político no hay enfrentamientos con el Concejo Deliberante. No obstante, adelantó ayer que se ajustará a la decisión que dispusieron las Cámaras Legislativas. En la víspera, Prado se encontraba por la tarde en Aguaray para luego decidir concurrir a la capital salteña.
Estaba previsto anoche reunirse con autoridades provinciales. Trascendió que en la fecha mantendría una reunión con el comisionado interventor para darle a conocer la situación del municipio. Entre los nombres posibles de su reemplazo figura el del exintendente de La Merced, Juan Ángel Pérez, de reconocida trayectoria en el ámbito municipal.
