Se trata del accionar policial que puede detener e incautar vehículos a quienes infringen los protocolos establecidos a raíz de la pandemia de coronavirus. Normativa criticada por sectores de la oposición así como de organismos de derechos humanos, inclusive no sólo los de Salta sino del contexto nacional.
La Corte de Justicia hasta ahora hizo caso omiso al amparo contra dicho decreto primeramente y luego con la ley, a la que se considera inconstitucional. Hay un recurso similar ante la Corte Suprema de Nación.
La creación de cinco juzgados contravencionales, incluidos en el proyecto de ley que provenía desde el Senado con media sanción, inserto en el acta de Labor Parlamentaria, finalmente no se trató. Estos juzgados dejarán sin efecto los superpoderes que le fueron conferidos a los efectivos policiales, con denuncias por parte de habitantes de distintos puntos del territorio provincial, a raíz de excesos policiales. Los juzgados contravencionales funcionarán: dos en la ciudad de Salta, uno en San Ramón de la Nueva Orán, uno en Tartagal y uno en Rosario de la Frontera.
El martes último el oficialismo encolumnado en los bloques Salta tiene Futuro y Gustavo Sáenz Conducción impidieron que Sobre Tablas se derogue el decreto 255, convertido en Ley 8191.
La votación fue desfavorable a la moción impulsada por el diputado Carlos Zapata (Capital- Ahora Patria) y que 33 votos lo rechazaron y 21 legisladores acompañaban su tratamiento.
Zapata cuestionó la ley 8191 surgida a instancias del gobernador Gustavo Sáenz al inicio de la pandemia. Expresó que: "La existencia o el mantenimiento en vigencia de esta norma es una grave afrenta al orden democrático, a la República y a los derechos de todos los habitantes". "No llego a entender cómo una persona que dice defender la democracia ha sido capaz de dictar semejante decreto donde se arroga la posibilidad de privar de la propiedad del automóvil de la persona que se oponga al accionar de la policía", afirmó.
