En Salta Capital son 46 y 233 en el resto de la provincia los barrios populares registrados que aún no cuentan con los servicios básicos y esenciales, ni con la titularidad de los terrenos. En todo el país son 5.687.
La Ley representa un hito en materia de acceso a derechos para los vecinos de barrios populares y un ejemplo normativo a nivel internacional que sentó las bases para la implementación del Plan de Integración Socio Urbana. En este marco, la Secretaria de Integración Socio Urbana (SISU) avanza en el desarrollo de obras de integración, provisión de infraestructura básica, acceso a servicios públicos, mejoramiento de viviendas, creación de nuevo suelo urbano y el fortalecimiento socio comunitario en barrios populares.
Tras cuatro años de la implementación de la ley, la SISU y la Mesa Nacional de Barrios Populares construyeron, con los aportes de otros organismos nacionales, provinciales y municipales, el proyecto de reforma de la Ley 27.453.
"El 10 de octubre se vence el plazo de la suspensión de los desalojos, por eso nos concentramos en la Legislatura para que se trate la reforma de la ley", indicó Dina Guaymás a Nuevo Diario, quien es referente del barrio Tinkunaku en la Mesa Provincial de Barrios Populares y representante de Salta en la Mesa Nacional.
Explicó que, pese a que se destina el 15% de uno de los impuestos a la compra de dólares para obras de infraestructura, no observan cambios en los barrios populares. "Hay mucha lentitud y estamos decepcionados. No hay respuestas de la Municipalidad que es quien tiene que armar los proyectos. Ellos quieren plazas primero y no los servicios básicos que necesitamos. Como Mesa pedimos que inviertan y después recauden. A la plaza la queremos al último después de todos los servicios", agregó.
Lamentó la falta de cloacas y que el municipio no dé abasto con el camión atmosférico para dar respuestas a las barriadas cuando colmatan los pozos ciegos de sus viviendas.
"Hay barrios que a una cuadra le pasan los servicios. En Sanidad 2 deberían ya haber terminado las obras y ya se están rompiendo los cordones cuneta. Sería importante que trabajen en conjunto Municipalidad y empresas de servicios para que las obras salgan rápido".
Respecto a la problemática del déficit habitacional que obliga a las familias vulnerables a ocupar terrenos en lugares no autorizados o que no tienen servicios básicos, Guaymás sostuvo que en 2019 se necesitaban mil lotes para reubicar a las familias de los asentamientos. "El Gobernador dijo que se iban a comprar los terrenos del INTA y ahí se iban a relocalizar a barrios San Justo y Virgen de Urkupiña y no tenemos novedades", señaló.
Regularización dominial
Otro factor importante para comenzar a solucionar la problemática de los barrios populares sin duda es que las familias tengan la titularidad de los lotes en los que viven. En la ciudad hay muchos barrios que tienen más de 30 años y aún los vecinos no tienen la documentación correspondiente. “Las Colina, Tinkunaki, ampliación 20 de Junio, Solís Pizarro ya están para regularizar la titularidad y hay otros que deben ser relocalizados, como San Justo y Urkupiña que están cerca del Vertedero San Javier y bajo las antenas de alta tensión, pero las demoras del Gobierno hace que los vecinos edifiquen cada vez más y eso hace imposible la relocalización”, advirtió.
Esta última situación se visibilizó con el programa nacional Mi Pieza, donde muchas mujeres destinaron los recursos para levantar estructuras.
