“Con este mecanismo lo que se busca es que todos tengan la posibilidad de objetar o impugnar al que el gobernador quiera proponer”, dijo Jorge Soto, senador autor del proyecto, a Nuevo Diario.
Cabe destacar que hoy los postulantes son propuestos por el gobernador de la Provincia de Salta, según las facultades reconocidas por la Constitución Provincial, y son las Cámaras de Senadores y Diputados quienes prestan acuerdo y oficializan a los juristas en los cargos.
“El proyecto busca regular la participación ciudadana en la elección de jueces de la Corte de Justicia”, aseveró Soto.
Según lo establecido en la propuesta de los legisladores, una vez iniciado el proceso de nominación de postulantes, se dará publicidad a través del boletín oficial y 2 diarios de circulación provincial, para luego establecer un periodo de 15 días donde las organizaciones, asociaciones e individuos podrán objetar las postulaciones propuestas por el gobernador.
El Ministerio de Seguridad y Justicia, será la autoridad de aplicación, por lo que las personas objetantes deberán presentar formalmente las objeciones o impugnaciones en la sede del mismo, ubicado en Barrio El Huaico, y será esta cartera la que deberá evaluar las quejas presentadas.
Una vez evaluado las presentaciones interpuestas, la cartera ministerial girará las actuaciones a las cámaras legislativas, donde los senadores deberán evaluar las postulaciones.
“Esto estaba regulado por decreto, pero luego de la reforma del año pasado se determinó la necesidad de una ley, prevista en el artículo 156 de la Constitución Provincial, con esto estamos dando cumplimiento lo que establece nuestra constitución”, expresó el senador.
Las quejas por la composición de la Corte
Una de las críticas que ha mantenido el arco opositor con el Gobierno de la Provincia, ha sido la injerencia del oficialismo en la conformación de la Corte de Justicia, dado que amplió el número de jueces de 7 a 9, con tres propuestas del Ejecutivo.
En ese sentido Soto recalcó que las críticas siempre estuvieron por que la Constitución es la que otorga la facultad al gobernador de elegir los postulantes para ocupar el cargo de juez en la Corte.
“Con este mecanismo lo que se busca es que todos tengan la posibilidad de objetar o impugnar al que el gobernador quiera proponer, incluso la oposición”, sentenció el vicepresidente del senado.
