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EN LA "MEGACAUSAJUJEÑA"

Ordenan la liberación de Milagro Sala pero continúa detenida

La Justicia de Jujuy ordenó liberar a la líder de Tupac Amaru, Milagro Sala, pero seguirá presa por el caso conocido como "Pibes Villeros" condenada a 13 años que se encuentra desde el mes de marzo en la Suprema Corte de Justicia y otro en el fuero Federal, que debe resolver la Cámara Federal de Salta por el expediente del 2009, donde fue condenada por atacar al entonces senador y actual gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales.

La dirigente social, Milagro Sala, tiene aún dos causas sin sentencia firme.
La dirigente social, Milagro Sala, tiene aún dos causas sin sentencia firme.

La Justicia de Jujuy ordenó liberar a Milagro Sala en una de las investigaciones de las que es protagonista, la conocida como “Megacausa”, pero continuará con prisión domiciliaria por otra de los expedientes en su contra. La decisión judicial también abarca a Gladis Díaz y Mirta Aizama y establece que las tres deberán prestar “caución juratoria, fijar y mantener domicilio, y permanecer a disposición del Juzgado en lo Penal Económico y Delitos contra la Administración Pública y concurrir a todas las citaciones que se le formulen”.

Según confirmaron a Infobae fuentes judiciales, Sala reclamó que le revocaran la prisión domiciliaria en el expediente conocido como “Megacausa”, que investiga el presunto desvío de fondos públicos que debían ser destinados a la construcción de viviendas. De las 23 personas que son investigadas en esa causa solo tres todavía permanecían con prisión domiciliaria.

La decisión de cesar con la domiciliaria la tomó el juez Rodolfo Miguel Fernández, magistrado de Control en lo Penal Económico y Delitos Contra la Administración, quien se hizo cargo de la causa luego de que le anterior juez, Isidoro Cruz, fuera declarado incompetente en los primeros días de octubre.

En diálogo con Canal 7 de Jujuy, el magistrado consideró que su decisión fue un “simple trámite procesal que se da en cualquier proceso”. “Hay un tiempo razonable, que es de dos años, a fin de que una persona sea privada de su libertad para que se investiguen las conductas delictivas que se le atribuyen. Transcurrido ese plazo sin que hubiese sentencia, condenatoria o absolutoria, deberá ser puesto en libertad”, resaltó Fernández.

Con esta decisión del juez en lo Penal Económico y Delitos Contra la Administración, Díaz y Aizama, que habían sido condenadas a 6 años en la causa “pibes villeros”, quedaron en condiciones de pedir su libertad en ese expediente debido a que ya cumplieron con dos tercios de la pena. Según confirmaron a Infobae fuentes cercanas a la Tupac Amaru, probablemente el lunes la defensa de Díaz y Aizama va a pedir el cese de detención para estas dos militantes de la agrupación.

En tanto, Sala seguirá con detención domiciliaria debido a su rol en la investigación conocida como “pibes villeros”. En ese expediente, Sala fue condenada por ser la jefa de una asociación ilícita que desviaba dinero proveniente del Estado para la construcción de viviendas. En esta causa, la líder de la Tupac Amaru presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia para que determine si debe seguir o no detenida.

En enero pasado, el Tribunal Superior de Justicia de Jujuy había rechazado un pedido de Sala, y ratificó su condena a 13 años de prisión en el marco de la causa conocida como “Pibes villeros” por asociación ilícita.

Un día después de que se cumplieran cuatro años de su detención, la Justicia jujeña le dio un revés a la dirigente social. El Tribunal Superior confirmó su condena al rechazar un pedido de inconstitucionalidad sobre la pena que había presentado la defensa de Sala, que ahora tiene la opción de recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En el mismo fallo, la Justicia provincial no hizo lugar a un pedido de la Fiscalía sobre la inconstitucionalidad de la absolución del esposo de Sala, Raúl Noro, por lo que seguirá en libertad.

La causa conocida como “Pibes villeros” es la que tiene a Sala presa con domiciliaria en su casa del barrio Cuyaya. En ella se la acusa de ser la jefa de una asociación ilícita que cometió extorsión y fraude a la administración pública por la malversación de 29 millones de pesos en el programa “Mejor vivir 2”, por el que se recibieron fondos, pero no se concretaron las obras.

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