El proyecto que pasó en revisión al Senado garantiza la gratuidad a los pacientes de las transfusiones de plasma en el marco de la pandemia por la Covid-19.
En el tratamiento se citó la vigencia de la Ley Nacional de Sangre 22.990 sancionada en 1983 y en la que se prohíbe todo tipo de lucro relacionado con la sangre humana y sus derivados.
El texto de este proyecto fue modificado omitiendo las referencias a las prohibiciones. Etablece que el Poder Ejecutivo Provincial tomará a su cargo toda facturación o arancel por prácticas médicas vinculadas a la extracción, encasado y distribución de plasma convaleciente para el tratamiento de Covid-19, realizada por plantas de hemoderivados públicas o privadas.
Esta ley habilita al Ejecutivo, a través del Centro Regional de Hemoterapia, a realizar los convenios con el sector privado con el objeto de proveer los insumos necesarios para el procesamiento y distribución del plasma convaleciente Covid-19 destinado a los pacientes internados en el sistema de salud público y privado de la provincia.
En el debate, los diputados repudiaron el intento del centro privado "HemoSalta SRL., de cobrar 30 mil pesos por el proceso de transfusión, entre lo que se habría incluido el costo del plasma, un costo prohibido por la ley nacional y por lo que está siendo investigado su titular, el médico Martín de la Arena.
Presupuesto para la UNSa
Diputados aprobaron además un proyecto de Declaración instando a los legisladores nacionales a que consigan un refuerzo en las partidas que recibirá la Universidad Nacional de Salta en el presupuesto 2021.
El recorte en la UNSa. es de más de 100 millones con respecto a lo que venía recibiendo la institución.
Los legisladores, en una reunión con Víctor Claros, coincidieron en la importancia de la educación superior pública, así como de un presupuesto acorde para poder atender los requerimientos de todas las carreras.
