Tras su presentación, la iniciativa recibió el acompañamiento de los senadores y senadoras Sergio Leavy, Carlos Linares, María Teresa González, Silvia Sapag, María Eugenia Catalfamo, Marín Pilatti Vergara, Sandra Mendoza, Antonio Rodas, María Eugenia Duré y Maggie Solari Quintana
El proyecto de Giménez propone la modificación de 4 artículos de la ley nacional 26.485, de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
A través de estos cambios, quedaría establecida como una modalidad específica de violencia la que sufren las mujeres, adolescentes, y niñas indígenas en sus diferentes formas. Se incorporaría así a la legislación una perspectiva interseccional que tenga en cuenta las múltiples discriminaciones que sufren las mujeres indígenas.
Además, ordena disponer nuevas herramientas para mejorar el acceso a la justicia de estas mujeres, como la exigencia de que se facilite un intérprete indígena a lo largo del proceso judicial, para que el idioma no termine siendo una barrera que les impida acceder a sus derechos. También se establece la obligatoriedad de que los defensores tengan conocimiento de la cultura de las comunidades.
Para los casos de delitos contra la integridad sexual, el proyecto pide que la introducción de Personas Facilitadoras Interculturales Indígenas Bilingües al sistema judicial sea una política activa, que permita avanzar hacia la erradicación de la violencia sexual contra las mujeres e infancias indígenas.
Octorina Zamora fue una de las primeras mujeres originarias que visibilizó el maltrato y las prácticas de abusos sexuales, también denominadas chineo, que se naturalizan en algunas comunidades del norte argentino para iniciar sexualmente a las niñas y adolescentes y es por eso que eligió su nombre para la ley.
Giménez destacó en los considerandos del proyecto que el texto responde también a un pedido realizado por la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas, que en su Resolución 39 reclama medidas legislativas y políticas para garantizar la protección de los derechos de las mujeres y las niñas indígenas bajo los principios de las Naciones Unidas.
