La propuesta apunta a modificar la ley de “Defensa del Consumidor” 24.240, artículo 8° bis. que establece la obligación de brindar trato digno y equitativo a las consumidoras, determinando las prácticas abusivas que vulneran los derechos de los y las consumidoras.
En este sentido, la aplicación de precios discriminatorios de bienes y servicios sustentados en motivos de género se considera una práctica abusiva y por lo tanto prohibida.
Se entiende por equidad de género en los precios, al hecho de que un mismo producto de idéntica calidad y características comercializado para personas de distinto género, no pueda tener un precio diferente según el género al que esté dirigido.
Durante la presentación de la propuesta legislativa, S-613/22, realizada ayer tarde, en el salón Eva Perón del Senado de la Nación, la senadora Nora Giménez expresó que “es una forma de ayudar, apoyar, mejorar la calidad de vida y, fundamentalmente, seguir por las huellas de la lucha por la equidad de género.”
Luego advirtió que el proyecto no alienta la creación de nuevos impuestos ni de nuevos organismos dentro del Estado, sino que agrega decisión para poner fin a la inequidad. Finalmente señaló que espera que este proyecto ayude a las mujeres y, en definitiva, “profundice las huellas de la lucha por la equidad”.
La senadora destacó el rol del Estado en lo que respecta a la aplicación de la norma y agregó que “no podemos mirar más para los costados en esta difícil situación económica”.
La propuesta legislativa fue acompañada por la presidenta de la Banca de la Mujer, senadora por San Luis Eugenia Catalfamo (Unidad Ciudadana); la presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados, Mónica Macha (FdT); la doctora en Economía, Mercedes D'Alessandro, la representante de la Asociación Civil Ecofeminita, Candelaria Botto; y la secretaria de Mujeres Género y Diversidades de Salta, Itatí Carrique.
A su turno, Catalfamo afirmó: “esto no se trata del denominado ‘impuesto rosa´ sino que es un sobreprecio que las empresas de consumo masivo destinan a las mujeres”. “Nosotras vivimos esta discriminación desde pequeñas, donde no solo hay sobreprecios sino mandatos de consumo”.
Agregó que “en materia salarial, en el primer trimestre de este año el sueldo promedio de los varones fue de 60.000 pesos y el de las mujeres de sólo 45.000 pesos”.
“Un paso más”
La secretaria de Mujeres, Género y Diversidad de Salta, Itatí Carrique, celebró el proyecto y coincidió en calificarlo como “un paso más hacia la igualdad”.
La funcionaria salteña recordó que, según datos oficiales, Salta es una de las provincias más pobres del país, pero con la particularidad de que el 55% de las mujeres jefas de hogar son pobres, porcentaje muy superior a la media nacional. Finalmente reflexionó: “si este proyecto se convierte en ley, sus verdaderas beneficiarias serán mujeres de lugares como el barrio Solidaridad, en Salta Capital, o Iruya, en la zona de Puna, que podrán disfrutar de un mundo más justo”.
Al destacar la importancia del proyecto como política pública, la representante de Ecofeminita dijo que “esta iniciativa busca achicar, disminuir y eliminar las brechas de género. La diferenciación de precios es porque el producto está pensado para un varón en un mundo hecho por y para ellos”.
La diputada Macha señaló que “este proyecto tiene que ver con una mirada desigual en relación a los géneros. Es una propuesta para achicar estas brechas. Espero que se pueda articular con otros proyectos de ley que están en discusión”.
