Los autores de esa iniciativa legislativa fueron los senadores Manuel Pailler (San Martín-FpV), Juan Cruz Curá (Orán-StF), Carlos Rosso (Güemes-StF) y Javier Mónico Graciano (Rosario de la Frontera-PJ).
Pailler dijo que el propósito es que se contemple en el Consejo Económico Social la representación de los jóvenes a través de sus organizaciones, debiendo, las mismas, contar con la correspondiente personería jurídica.
Indicó que la Ley provincial 7.784 fue sancionada en 2013, es un órgano consultivo y un órgano colegiado del Poder Ejecutivo Provincial, debiendo estar representados todos los sectores del quehacer económico y social que pueden contribuir a la elaboración de planes estratégicos y de desarrollo de la provincia, a mediano y largo plazo.
Manifestó que: “En el artículo 4º restaba incluir al sector de la juventud, se ha dejado de lado a los jóvenes y considero necesario y muy importante su inclusión para que hagan su aporte en la parte intelectual, laboral, científica a todos estos proyectos que tiene en consideración la Provincia en el Consejo Económico Social”.
Actualmente integran el Consejo Económico y Social, el Estado provincial, los 60 municipios, los trabajadores a través de sus organizaciones sindicales, las organizaciones empresariales del comercio y la industria, las universidades y las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos.
Por ello, Pailler dijo que, a su criterio, se ha olvidado el sector de los jóvenes y sugirió necesaria su inclusión.
En el articulado se establece que los dos representantes de las organizaciones sociales de la juventud deberán ser uno por la Capital y otro por el interior provincial.
Explica que se entiende por juventud, a un grupo heterogéneo de personas, en constante evolución, con edades comprendidas entre los 16 y 35 años.
Se entiende por Organizaciones Juveniles, a cualquier organización reconocida por el Estado que aglutina jóvenes que tienen un interés en común y un plan de acción determinado frente a una problemática específica. Pueden ser organizaciones que realicen actividades de índole científicas, culturales, deportivas, políticas, académicas, sociales y/o ambientalistas.
El Proyecto de Ley fue acompañado por el cuerpo del Senado y pasó ahora en revisión a la Cámara de Diputados.
