La ley aprobada en 2018, impulsada por los entonces oficialistas Elisa Carrió, Nicolás Massot y Mario Negri -actualmente diputado-, fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras en aquella ocasión.
El proyecto, enviado por el Poder Ejecutivo en septiembre pasado, fue aprobado por el pleno por 227 votos afirmativos, 2 negativos -Francisco Sánchez (Pro) y Carolina Píparo (Avanza Libertad)- y 3 abstenciones, de Gustavo Hein (Pro), Marilú Quiroz (Pro) y Carlos Zapata (Ahora Patria).
A través de la iniciativa se contempla la declaración de utilidad pública y expropiación de más barrios populares, que se incluyeron al ReNaBaP (Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana) después de sancionada la ley.
En un comunicado, la Mesa de Barrios Populares de Salta señaló que "repudia desde lo más profundo de nuestras convicciones, desde la más cruda de nuestras realidades y desde la más sentida de nuestra fe y amor al prójimo, la decisión adoptada por el Diputado Nacional contador Carlos Zapata, expresada por la negativa a aprobar la reforma de la Ley 27453, de Integración Socio Urbana de los Barrios Populares, manifestando de esta manera el desprecio por las condiciones a las que está sometida una importante parte del pueblo de Salta desde hace muchos años".
Agrega que "Recordamos que su gestión como legislador provincial tampoco sirvió para defender a los más humildes, desplazados por políticas irresponsables que usted no ha rechazado nunca, como sí lo hace ahora, con esta que sirve de paliativo al dolor de las familias de Salta".
Además, remarca que "Los Dirigentes de la Mesa de Barrios Populares de Salta y el pueblo de todos los barrios de Salta, sean populares o no, recibieron con incredulidad sus expresiones y le aseguramos que será siempre repudiado en nuestros barrios".
En una entrevista periodística, Zapata aseguró que se abstuvo en su votación porque no se puede meter en la misma bolsa a personas que están dentro de la ley y de las que están por fuera de ella. “Las causales de este sistema para lograr la regularización dominial y la provisión de servicios públicos pueden deberse a cuatro causas principales, la primera que con el consentimiento de Estado se han ocupado terrenos fiscales y el Estado no ha podido regularizarle el dominio, es decir entregarle las parcelas con catastro y darle servicios”, explicó.
Detalló que también están las personas que fueron estafadas por titulares de terrenos a través de preventas. “Se compran parcelas que, al no estar subdivididas y no tener catastro, no se puede solicitar los servicios y el que vendió desapareció. La gente quedó pegada con un dominio imperfecto sobre la parcela”, expresó.
Agregó que hay ocupaciones en terrenos privados que son consentidas y que están en proceso de donación en los que el Estado se demora en los trámites. “Y los últimos son las ocupaciones violentas de terrenos, los que cometieron delito. Está contemplado en el artículo 189 el delito de usurpación. Tratar de convalidar la tenencia a las personas que han cometido el delito es apartarse del Estado de Derecho. Si no queremos ser una república bananera, tenemos que respetar y hacer respetar la constitución”, expresó.
“Al titular del dominio le usurparon, paga impuestos y ahora lo quieren someter a un proceso de expropiación y ni siquiera hay una indemnización suplementaria por el daño moral y lucro cesante. No podemos amparar a los delincuentes. La mayoría están promovidos por punteros políticos para quitarle la propiedad a quien legítimamente la tiene”, disparó.
