Pide poner fin a la criminalización de la médica Miranda Ruiz, de la ciudad de Tartagal, perseguida judicialmente por hacer cumplir los protocolos previstos en esa ley.
El caso se hizo público luego que en agosto de 2021, y por pedido de una joven gestante de 21 años de Tartagal, la profesional llevara a cabo la interrupción voluntaria del embarazo.
De acuerdo a la Regional Salta de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, la médica procedió desde los marcos normativos vigentes, respaldada por un equipo interdisciplinario que dejó constancia de todas las actuaciones en la historia clínica, con transparencia activa y respetando los principios de autonomía y derecho a la salud de la persona que solicitó la IVE.
Pese a ello, el 3 de septiembre la médica, la única de salud pública de Tartagal que no es objetora de conciencia, fue detenida por orden del juez de Garantías Héctor Fernando Mariscal Astigueta, que accedió a un pedido del fiscal penal Gonzalo Vega.
La profesional estuvo detenida por unas cuatro horas, al cabo de las cuales fue liberada, tras la reacción de organizaciones de mujeres que realizaron una acción en su respaldo.
A pesar de que en la interrupción de embarazo actuó un equipo interdisciplinario que evaluó a la joven gestante, la única que terminó judicializada fue Miranda Ruiz.
Además el fiscal solicitó la detención de la médica a partir de una denuncia de familiares y no de la paciente, quien es la única con potestad de denunciar el tipo de delito del que se habla.
Giménez remarcó que “si bien es un derecho que fue muy debatido, hoy en día existen diferentes sectores que impiden el cumplimiento de la ley debido a factores religiosos y culturales, criminalizando a los profesionales que lo ejercen como así también a las personas que hacen uso del mismo”.
