El autor del proyecto, el senador güemense Carlos Alberto “kety” Rosso, ingresó su “inquietud” bajo expediente Nº 28748/20, bajo el pedido de Ley de Comercialización y Trazabilidad del Tabaco, que sintéticamente proponía brindar a la Dirección General de Rentas mayores facultades a las actuales a los fines de fiscalizar, en el ámbito provincial, la legalidad en la comercialización de cigarrillos y los productos derivados del tabaco, como cigarros y tabaco picado para armar.
Finalmente el proyecto presentado por el legislador güemense obtuvo media sanción en el Senado bajo expediente Nº 90-2874/20 con un dictamen de Comisión que lo sanciona con fuerza de ley desde el 24 de junio de 2020 y firmado por los senadores María Silvina Abilés, Guillermo Durán Cornejo, Jorge Soto, Mashur Lapad, Fernando Sanz, Juan Cruz Cura y Marcelo Durval García.
En este sentido, Rosso se mostró entusiasta para que ahora Diputados le dé sanción definitiva
Esta presentación se entiende desde varios puntos de vista. Habida cuenta que el senador Rosso representa y vive en la ciudad de General Gûemes, región productora de la materia prima necesaria para la elaboración de los cigarrillos y ante el conocimiento de la venta de cigarrillos ilegales –su ilegalidad sólo cobra cuerpo por la evasión impositiva- potenciada por la escasez observada el plena cuarentena, que ocasionó un perjuicio al vasto sector de los más de 1.600 productores de tabaco. Asimismo resalta que por una parte se pregona y se alienta el crecimiento de las economías regionales, y por otra parte “aparecen” beneficios a las empresas tabacaleras con eximición de impuestos.
En ese contexto “aparecieron” de forma ilegal marcas como Rodeo, CR7, Hills y la ya “famosa” marca Achalay. Famosa porque el propietario de la marca Achalay, la empresa Tabes S.A., denunció periodísticamente el “robo” de su marca desligándose del fraude que se produjo a las arcas estatales y al Fondo Especial del Tabaco (FET) con la venta de su “no” producto, el que llegó a costar $ 350 ante la desaparición de los cigarrillos legales. La desaparición de los cigarrillos legales reúnen todas las condiciones para la venta, incluidos los gravámenes impositivos, y simplemente dejaron de producirse, justamente por la pandemia ocasionada por el coronavirus.
En el transcurrir del trámite legislativo, el 1 de junio, el juez federal Miguel Antonio Medina, hizo lugar al pedido de una medida cautelar solicitada por la empresa Tabes S.A. y falló a su favor, afectando de esta manera al FET, a la ANSeS y al Tesoro Nacional. La medida cautelar basó su fundamento en que si tuviera que pagar los impuestos establecidos en la Ley Nº 27.430 tendría que despedir a sus casi 200 empleados y que su participación en el mercado era ínfima.
Por su parte la Cámara del Tabaco de Salta –ante este panorama- realizó denuncias en el fuero federal sin que trascendieran –hasta ahora- los resultados de esas denuncias. La denuncia se basó en el marcado avance del comercio ilegal de cigarrillos experimentado en el último año como también las públicas irregularidades visualizadas en diferentes lugares de la provincia relacionadas a la venta de cigarrillos de marcas no tradicionales.
El senador Rosso, aclaró a Nuevo Diario, que en la fundamentación de su proyecto, señaló el perjuicio que ocasiona la venta ilegal de cigarrillos, que impacta negativamente en los recursos del Fondo Especial del Tabaco, que son administrados en esta provincia y los mismos movilizan la producción tabacalera del valle de Lerma, del Valle de Siancas y el departamento de la Candelaria.
“El cigarrillo elaborado en la clandestinidad no aporta al estado los respectivos impuestos, desfinanciando al Fondo Especial del Tabaco, a la ANSeS y al Tesoro Nacional. El comercio ilícito de este producto es una práctica que se viene desarrollando desde tiempo atrás incrementando su volumen severamente en el último periodo.
Esta comercialización de un producto ilícito impacta en un valor estimado a 1.300 millones de pesos anuale los cuales repercuten en la producción tabacalera de la provincia, que deja de percibir un importe necesario, complicando aún más la delicada situación financiera por la que atraviesan los productores tabacaleros salteños, como el conjunto de la población”, sentenció.
Lo llamativo es que este producto ilegal es comercializado en kioscos varios, estando a la vista y siendo pública su oferta. Con este instrumento legal, entiende el senador gûemense, que la Dirección Provincial de Rentas tendrá amplias facultades para verificar en diferentes comercios de la provincia de que el consumidor adquiera un
producto elaborado bajo las pautas tanto tributarias como las que establece la Ley Nacional Nº26.687/11, la que establece los productos permitidos en la elaboración del cigarrillo, sus dosis, como también gramaje de tabaco por cigarrillo.Preocupa al legislador que el cigarrillo ilegal genera el hecho de que la población desconoce lo ue realmente el fumador esta inhalando al no saber el origen.
La ley establece que se aplicará sanciones de decomiso, multas y clausura de los locales en donde se esté comercializando cigarrillos ilegales, considerando que el cigarrillo es ilegal toda vez que carece de los instrumentos de estampillas adheridos como también las advertencias a las leyendas gráficas y escritas en cada uno de los paquetes de los efectos el tabaquismo y no pudiendo el comerciante justificar al organismo fiscal provincial la factura de la adquisición de los productos elaborados con tabaco.
Se prevé crear un registro web en donde la Dirección de Rentas publicará el nombre del comercio infractor y también el antes mencionado organismo estará obligado a denunciar ante la Justicia en los casos que se detecte comercio ilegal de cigarrillos.Manifestó también que recibió llamadas de legisladores de Jujuy, Tucumán y Misiones, quienes se interiorizaron por el mismo trasmitiéndole que esta iniciativa será presentada igualmente en esas provincias.
El cigarrillo ilegal ocupa hoy un 23% del mercado nacional con aproximadamente 9 millones de potenciales fumadores-consumidores que están expuestos a esta situación. Entiende que es en este momento donde el Estado nacional, como los gobiernos provinciales y como la producción tabacalera salteña, necesitan recursos para continuar con sus obligaciones y es necesario que el estado salteño ponga en agenda la problemática del tema de los cigarrillos ilegales.
“Con esta ley no se crea ningún impuesto, no se restringe el hábito de fumar ni el derecho de comercializar cigarrillos, los cuales ya están regulados correctamente. Lo que buscamos con esta iniciativa es erradicar el comercio ilegal de este producto para beneficio del conjunto de la comunidad”.
Todo está bien, pero quizás esto no termine aquí, porque el fallo del juez Medina también está en vigencia. Habrá que esperar y ver cual fuerza mide más, sabiendo quien tiene la razón, porque ella se ve –ahora- claramente.
