Así lo indicó el presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Santiago Godoy, ante la consulta de las reuniones que se vienen realizando en el marco de una comisión en la que actúan Provincia, Municipalidad, Legislatura y los representantes de la parte privada, para analizar las normativas actuales que enmarcan el desarrollo de estas urbanizaciones.
Para desarrollar el análisis se tiene presente los proyectos que fueron en su momento presentados por el diputado Lucas Godoy en la Cámara Baja, y la senadora Silvina Abilés, en la Alta.
La posibilidad de la garantía implica que se podría exigir también un seguro a favor del Estado, y la liberación de la hipoteca en garantía a medida que se acredite el avance de las obras.
Otro punto a analizar es la posibilidad de exigir que en la publicidad que se haga en los medios de preventa de los lotes, se consigne con exactitud el número de expediente de la urbanización.
Se prevé establecer también que tanto el propietario de la matrícula que se afecte a la urbanización, como los agrimensores, comercializadores (inmobiliaria) sean solidariamente responsables y respondan ante los terceros compradores de buena fe, por la venta de lotes sin servicios.
Esta solidaridad se puede establecer con la firma que se solicite en cada municipio cuando se inicie el trámite de urbanización. También se analiza establecer la prohibición de los Municipios de otorgar excepciones a las normas municipales según los códigos de planeamiento urbano, bajo apercibimiento de declarar nulo el procedimiento.
El legislador anticipó que "cada organismo aportará lo que crea necesario" y que el trabajo implica "reuniones con los emprendedores, urbanizadores e inmobiliarias para buscar un consenso".
Finalizó diciendo que esta nueva normativa tiene entre sus fundamentos esenciales proteger de estafas a los ciudadanos que adquieren lotes o terrenos.
