SUSPENCIÓN DE LOS DESMONTES

Urtubey acusó a Macri de ir en contra del orden republicano

La resolución firmada por el titular de Ambiente de la Nación Sergio Bergman, apunta a "desnaturalizar el sistema republicano de gobierno y la división de poderes, toda vez que el Poder Ejecutivo Nacional se está arrogando facultades judiciales inmiscuyéndose en asuntos de carácter netamente local", dijo el Gobernador Urtubey.

El gobernador Urtubey y Sergio Bergman, ministro de Ambiente de la Nación.

Se trata de la resolución por la cual la provincia formalizó la suspensión de los desmontes a instancias de lo solicitado por el titular del Ministerio de Ambiente de la Nación.

Esta afirmación surge de la falta de acuerdo con el análisis que realizó Nación sobre las recategorizaciones que permitió la provincia para desmontar en donde no estaba permitido.

Y es que para la Nación los decretos que la provincia dictó para permitir esos desmontes son "incompatibles" con lo establecido en los artículos de la Ley de Bosques Nativos ", por modificar regresivamente y de manera relevante el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos aprobado por Ley Provincial N° 7.543 y su normativa complementaria".

La provincia indicó que este tipo de declaraciones involucran facultades de invalidez o inconstitucionalidad que corresponde exclusivamente al Poder Judicial. 

La provincia sigue diciendo que fue legal

Se agregó que los permisos otorgados para el desmonte en lugares donde no se podía "gozan de las presunciones de legitimidad y ejecutoriedad, y su validez no puede ser alterada por un acto administrativo emanado de una autoridad nacional no competente al efecto".

Pese a todos estos cuestionamientos que el gobierno provincial insiste son firmes, la resolución 19 firmada por la ministra de Ambiente, Trabajo y Producción, Paula Bibini, sostiene que la resolución de Nación "podría generar confusión e incertidumbre sobre la situación de los permisos oportunamente otorgados", por lo que se decide suspender provisoriamente la suspensión de las autorizaciones de recategorización y desmonte otorgadas y cuyo ejercicio fue cuestionado desde 2011, cuando con los decretos de recategorización (ya derogados en 2014), permitieron dar 32 permisos de desmontes en zonas que debían ser protegidas a distintas fincas.

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