Durante la asamblea se aprobó el rechazo y repudio del decreto 091/23 del gobierno provincial que “criminaliza la protesta social y cuenta con la complicidad de los diputados y senador del departamento Orán”.
Además, decidieron continuar con el acampe, con intensificación de medida de fuerza, si el gobierno no responde de forma positiva al petitorio de la reducción de tarifa al 80 %. Si es necesario se vuelve a la ruta”
En el mismo sentido, continúa el rechazo del aumento del 16% anunciado por EDESA para el mes siguiente y que el gobernador de Salta se niegue a aplicarlo e insistir con la estatización del sistema eléctrico y energético de la provincia de Salta.
En diálogo con Nuevo Diario, uno de los voceros de la Asamblea de vecinos autoconvocados, el abogado Cristian Illesca denunció hostigamiento por parte de efectivos policiales, con permanentes controles y citaciones a la Fiscalía.
Illescas remarcó el profundo rechazo que generó en los ciudadanos la toma de conocimiento de los próximos aumentos en el servicio de energía eléctrica en todo el país, que tendrá sus consecuencias para el norte provincial, ya aquejado por el impacto de la boleta del mes de diciembre.
“Vemos con mucha preocupación estos incrementos, porque se agudizaría aún más los problemas, atento a que no nos encontramos en igualdad de condiciones con ninguna ciudad del país, lo cierto es que no podemos soportar el más mínimo aumento porque ya sufrimos un diferencial que en algunos casos alcanzó el 400%, lo que significaría literalmente matarnos”, concluyó.
Organismos de DDHH volvieron a rechazar el decreto “antipiquetes”
“La urgencia es garantizar derechos, no cercenarlos y amordazarlos”, sostiene duramente el comunicado que trascendió desde la Mesa de Derechos Humanos de Salta, acompañada por centenares de particulares, organismos y organizaciones sociales.
De esta forma, interpelan al Decreto N° 91 y su “Protocolo”, considerando que “estigmatiza a las legítimas manifestaciones públicas y desconoce que ellas son consecuencia de la violación de derechos humanos y que quienes la realizan buscan la respuesta de las autoridades responsables de garantizar derechos”, relatando los motivos del génesis de esta disposición del gobierno provincial para limitar las manifestaciones sociales en rutas y calles de la provincia, con el foco puesto en el norte provincial, a raíz de las permanentes protestas por la crisis social, económica y de servicios que viven por estas horas
“Es regresivo en la regulación que hace del derecho a la libre expresión y asociación, establecido en el artículo 14 de la Constitución Nacional, por tanto, viola el principio pro homine, lo que lo vuelve una norma inconstitucional”, advierten.
“Esta historia de luchas está guardada en nuestra memoria. No olvidamos a los piqueteros muertos en Mosconi y tampoco los olvida el pueblo, las madres que llevan sus fotos a las movilizaciones y las cruces que jalonan la ruta. Sus familiares, sus compañeros y los organismos de DD HH, seguimos reclamando justicia y decimos NUNCA MÁS la represión a los que luchan y protestan por las medidas antipopulares implementadas por los gobiernos”, sostienen
Por último remarcaron su tarea histórica por Memoria Verdad y Justicia, exigiendo “la derogación del decreto como lo hicimos con el Decreto 255, que pretendió darle facultades a la policía, y que terminó con una cantidad de casos y de denuncias por apriete, gatillo fácil, amenaza, etc.”, señalaron y enfatizaron: “que jamás dejaremos las calles, que nuestra memoria y nuestro futuro, están en las calles y en las rutas, y estaremos allí donde se vulneren los derechos más elementales de nuestro pueblo”.
