Pisco dijo que presentó denuncias penales por amenazas en contra del vecino Segundo Burela, quien afirma haber ganado un juicio de prescripción adquisitiva y los conmina a desalojar el lugar.
El cacique aseguró que esta persona está vendiendo lotes de las tierras donde vive la Comunidad, y que lo hace a pesar que en una mediación judicial se acordó que no se iban a realizar acciones hasta tanto no se conozca la resolución de la Nación y la provincia sobre el relevamiento territorial que se hizo en esta Comunidad en el marco de la ley 26160, de emergencia de la propiedad comunitaria indígena y que prohíbe los de-salojos de comunidades.
Pisco recordó que sus abuelos se instalaron en ese lugar en 1960. “Se hace la escuela y la iglesia, con madera”, y en la década del 80 las familias Vanini y Milanesi donaron 10 hectáreas a la Comunidad, que por entonces estaba constituida por unas 200 familias. Relató que Burela vive también desde hace años “más o menos a un kilómetro de la Comunidad” y se dedicaba a cortar ladrillos.
En la década del 80 inició un juicio afirmando que tenía posesión sobre 15 hectáreas, incluidas las que ocupa la Comunidad. “Nosotros no entendemos de leyes”, lamentó. Dijo que por eso no supieron defenderse frente a este proceso judicial, a pesar que la Comunidad reclama desde hace años la regularización de las tierras que ocupan y donde ahora quedan unas 80 familias.
