Sin embargo, hasta ahora desde la Fiscalía se informó que "Javier Montero Alessanco presentó en sede fiscal documentación que acredita la propiedad de la tierra en cuestión". El mencionado es el titular registral que adquirió las tierras por un poco menos de medio millón de dólares en 2011.
Ayer se pudo conocer que funcionarios del Ministerio de Asuntos Indígenas de la Provincia fueron hasta el lugar a fin de facilitar la mediación. Por su parte, la comunidad informó que se encuentra constituida en asamblea permanente, al momento que se indicó que continuarán con la exigencia de la titulación comunitaria.
Ayer se pudo conocer, además, que Montero Alesanco fue acusado de desmontar ilegalmente en Pellegrini, Santiago del Estero, por lo cual pagó una multa. Los desmontes también fueron denunciados por miembros de comunidades originarias de ese lugar.
Lógica política
Otros medios partidarios cuestionaron además los beneficios fiscales otorgados por el Gobierno provincial en exención de impuestos, y certificados de crédito fiscal por 3 millones y medio de pesos.
La lógica que se cuestiona es la decisión política del Gobierno de beneficiar a quienes pueden tener conflictos con comunidades originarias o criollas. Una lógica similar se plantea en los informes que se presentan en audiencias públicas para realizar los desmontes, sin oír las consideraciones de las comunidades y su reclamo sobre el territorio que ocupan.
Por ahora se indicó que hay custodia policial en la zona donde se desplegó el conflicto.
