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EN SANTA VICTORIA ESTE

Comunidades reclaman la intervención de un albergue por denuncias de abusos

Por FM Ya, Abel Mendoza, presidente de la Unión Autónoma de Comunidades del Pilcomayo, informó que comunidades de Santa Victoria Este reclaman intervenir el albergue estudiantil del Colegio 5061 “San Ignacio de Loyola”, por denuncias de abusos sexuales por parte de un coordinador del establecimiento.

NDS |

Puerta del Colegio 5061 San Ignacio de Loyola en Santa Victoria Este, Departamento Rivadavia.
Puerta del Colegio 5061 San Ignacio de Loyola en Santa Victoria Este, Departamento Rivadavia.

Mendoza sostuvo que en el 2020 una de las menores que asisten al establecimiento denunció al coordinador del mismo por abuso sexual, y que pese a que los protocolos vigentes establecen que el acusado debía apartarse del contacto con los menores, esto nunca sucedió.

El albergue mencionado recibe a jóvenes de distintos parajes que asisten a la escuela de lunes a viernes, donde se les brinda comida y una habitación para dormir mientras cursan sus estudios.

Las comunidades marcharon hacía la Ciudad Judicial de Tartagal exigiendo al ministro de Seguridad y Justicia, Abel Cornejo, intervenga en el caso para garantizar la seguridad de las alumnas.

Puede ser una imagen de 7 personas y personas de pie

Un juicio con irregularidades

El pasado 26 de agosto, la jueza Azucena Margarita Vázquez, vocal de la Sala II del Tribunal de Juicio de Tartagal, dispuso la absolución del docente Javier Luis Gómez, quien fuera implicado por la joven denunciante por el delito de abuso en su contra, por “falta de pruebas” en la causa.

Según dijo Mendoza en el programa Hora de Voces, la defensa pública que tomó el caso no colocó testigos en defensa de la menor, mientras que Gómez pudo hacer declarar a 6 personas en su favor.

Además sostiene que la menor implicada no tuvo el acompañamiento psicológico, revisación médica y las notificaciones judiciales nunca llegaron al domicilio de la denunciante.

“Pedimos también una facilitadora para acompañar a la víctima, cosa que nunca la tuvo y como derecho tenía que estar”, afirmó el dirigente indígena.

También destaco que el docente acusado propinó amenazas a las madres de supuestas otras víctimas, que ante el temor optaron por no denunciar y retirar a sus hijas del colegio.

“Esta persona dijo que tiene lineamientos políticos y que nadie lo va a mover de ahí”, recalcó Mendoza.

El pedido a Cornejo

Dando el juicio por pedido, las comunidades se movilizaron para exigir un protocolo de intervención del ministerio que “garantice la seguridad de las menores que asistan al establecimiento”.

“Las mamas que no hicieron la denuncia por miedo, se han mantenido calladas, pero si han asentado en el libro de actas de la escuela los casos de abusos”, recalcó Mendoza.

Por lo pronto, trascendió que funcionarios del área de Seguridad y Educación, mantuvieron reuniones para ver cómo abordar el pedido de las comunidades, que continúan protestando ante la situación.

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