La institución emitió ayer un comunicado en el que resalta la alarmante pérdida de vidas de niños de comunidades originarias wichis, y de sus recursos básicos.
Sobre la emergencia sociosanitaria, los profesionales dijeron que todas las medidas apuntan a lo urgente, sin ofrecer respuesta alguna a los problemas estructurales que desencadenan estas situaciones y que según sostienen, es histórica.
"Claramente, la alarmante pérdida de vidas de niños indígenas también está advirtiendo sobre la pérdida de recursos básicos –incluyendo las fuentes tradicionales de agua– y del despojo de los territorios en los que las comunidades se han desenvuelto históricamente, tratándose de un indicador del abandono estatal y de violación de múltiples derechos humanos", dice el manifiesto de los profesionales universitarios.
Sostienen también que tanto organizaciones indígenas como sectores académicos vienen denunciando hace décadas la falta de garantías en la implementación de derechos de pueblos indígenas.
Argumentos "culturalistas" por parte del Gobierno
"A pesar de la existencia de legislaciones propicias, las sucesivas administraciones gubernamentales y los sectores privados violan cotidianamente estas leyes, acrecentando la vulnerabilidad de dichas poblaciones.
Estas prácticas son acompañadas por expresiones racistas y discriminatorias por parte de funcionarios públicos –tanto del sistema político como del médico– que emplean argumentos culturalistas para culpar a las propias víctimas".
De esta forma se fomentan discursos que naturalizan las situaciones por las que atraviesan las poblaciones originarias, en vez de asumir una responsabilidad estatal histórica hacia las mismas. En clara alusión a las declaraciones por parte de funcionarios de la cartera de salud de la provincia: el secretario Martín De los Ríos y la propia Ministra de Salud Josefina Medrano.
"Entendemos que la falta de reconocimiento del genocidio de los pueblos indígenas por parte del Estado-nación argentino, desde su conformación y hasta el presente, se expresa al continuar sosteniendo condiciones de explotación e insalubridad humana, generando desplazamientos forzados que tampoco garantizan condiciones básicas de vida", sostuvieron, al tiempo que denunciaron y repudiaron "el agresivo avance de la frontera agropecuaria y la agroindustria que desmonta, fumiga, degrada los territorios indígenas, desaloja y despoja violentamente a las poblaciones".
En este punto del documento aclararon que hay que "dejar de lado la falacia que portan afirmaciones sobre el desarrollo de la gran industria agropecuaria: ‘desarrollo’ que más bien aumenta la brecha de la desigualdad socioeconómica, fomenta la destrucción de bosques nativos y provoca migraciones forzadas".
"Sostenemos que la única forma de dar respuestas adecuadas a esta grave situación es no solo aplicar las medidas que atienden urgencias, sino acompañar estos procesos a mediano y largo plazo. Ello requiere del involucramiento de los afectados", indicaron.
Finalmente, pidieron implementar programas de reparación histórica de las vulneraciones de derechos para los pueblos indígenas de la totalidad de la provincia, ya que comparten estas realidades.
