Esta decisión judicial se adoptó luego de muchos reclamos infructuosos y a favor de un nuevo amparo colectivo presentado por los vecinos de la zona.
Se fundamenta el fallo en la necesidad de preservar derechos colectivos, leyes ambientales nacionales y acuerdos internacionales para la protección socioambiental. Y remata diciendo que "ha quedado probada la carencia de acciones tendientes a evitar la afectación y degradación de la cuenca, como también el riesgo existente de que estos sucesos puedan volver a producirse afectando una comunidad vulnerable".
Pero se señaló que aún con esta orden judicial se hicieron desmontes, el mes pasado, que violan las leyes ambientales y van desde la ruta hasta el río, arrasando incluso al bosque ribereño. Un verdadero crimen ambiental que facilita la entrada del río a la zona poblada durante las crecientes estivales, al igual que la continua extracción de áridos, indican vecinos del lugar.
Este incumplimiento de los funcionarios y aún ordenado por la justicia alcanza al intendente Diego Sumbay así como al titular del ministerio del área Martín de los Ríos.
El abogado Jose Lazarte Vigabriel junto a vecinos advierten que el municipio de La Caldera “no controla” y deja “libre accionar a los destructores del ambiente”, argumentando no tener recursos. La autoridad de aplicación de las leyes ambientales, que es el Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable y sus funcionarios, parecen no querer frenar a los especuladores. “Llegamos a un punto de inflexión donde la dirigencia política debe demostrar que realmente le importa la preservación de los bosques, nuestra propia supervivencia. Y en una zona del país donde se rinde culto a la Pachamama no debería haber tanta hipocresía. Se necesitan urgentes decisiones políticas que efectivamente prevengan los desmontes”.
Priman los negocios
Los habitantes lamentan que los negocios inmobiliarios o negocios agropecuarios ahora avancen sobre el bosque natural de La Caldera, ligado a las yungas salteñas. Una muestra más de cómo arrasan los bosques de la provincia.
Las cifras indican que entre 1976 y 2019 se desmontaron en la provincia la cantidad de 2.374.242 hectáreas, y desde fines de 2007 (poco antes de la sanción de la ley de bosques) hasta fines de 2021 deforestaron 694.834 hectáreas más. Las medidas institucionales que se han aplicado hasta ahora parecen no funcionar para estos desastres ambientales.
