En un fallo a favor del Jorge “Kena” Pérez, Rahmer, jueza del distrito judicial Sur, remitió un oficio al Banco Macro en el que el ordena el embargo de las cuentas de la Municipalidad de El Quebrachal y dos camionetas que habría comprado el municipio en el año 2021, y que serían de uso del intendente Rolando Rojas y su hermano, Rodrigo Rojas, quien actúa como secretario.
Pérez entrevistado por Nuevo Diario, es el propietario de dos locales comerciales uno de venta de carnes y otro de artículos varios, y su relación comercial con el municipio de El Querbachal, comenzó en el inicio de la gestión de Rojas en el 2020 y duró hasta el 2021.
En ese tiempo, el municipio acumuló una deuda de $10 millones de pesos con Pérez, pero se agrava porque desde el municipio se pagó con 35 cheques sin fondos que les rebotaron en el banco.
Pérez fue proveedor del municipio en su mayoría con insumos y elementos para eventos sociales y políticos de la Municipalidad. Además también proveía de uniformes de trabajo al personal municipal.
El comerciante dijo a este medio, para saldar las deudas con sus propios proveedores mayoristas de mercadería, buscó financición externa, lo que lo obligó a vender una camioneta, un terreno de su propiedad y a sacar un préstamo de $2 millones de pesos.
“Desde el municipio me decían que no había plata que no me podían pagar, yo estoy muy ahogado con las deudas necesito cobrar”, se lamentó Pérez.
Raúl Ríos fue el secretario de Hacienda de la Municipalidad y quien emitió los cheques que en su mayoría no contaban con los fondos. A fines del 2021, lo removieron de su cargo e ingreso Bernardo Saravia, quien trato de arreglar con Pérez la forma de pago de la deuda.
Sin embargo Pérez sostiene que pese a los arreglos que se llegaron, Saravia nunca cumplió, bajo el pretexto que no se le pagaban al municipio deudas por impuestos que privados como Salta Forestal, Coca Cola, Telecom y Personal tenían que tributar a El Quebrachal.
Luego de un diálogo que tuvo con el asesor legal del municipio, Fernando Escobar, “decidí denunciarlos en abril, me habló el asesor legal una noche pidiendo que lo espere. Le dije que me tienen desde diciembre con mentiras y me dijo que si yo denunciaba, iba a ser un vendaval, que se iban a destapar varias ollas”, comentó.
Pérez se presentó con su abogada ante la Justicia, donde tenía órdenes de compra del municipio firmadas por el propio intendente y el secretario de Hacienda, cheques con las mismas firmas y las facturas de su local por los servicios prestados.
El municipio retruca con otra denuncia
Tras la denuncia presentada por Pérez, el municipio hizo lo propio con el comerciante por una causa que desconoce pero por las medidas judiciales tratarían de documentación falsa.
Pérez relató que la semana pasada, la fuerza policial acompañada de la fiscal María Celeste García Pisasic, se presentó en su domicilio con una orden de allanamiento. La fiscal le había informado que el mandatario municipal le habría interpuesto una denuncia y lo que buscaban en su casa, eran sellos (del intendente y del secretario de Hacienda) y documentos oficiales de la Municipalidad.
“A mi jamás me notificaron que estaba denunciado por el intendente”, aseveró Pérez. "No encontraron nada, lo único que se llevaron fueron mis pruebas por las que denuncie al intendente, una computadora sin uso de mi hija y dos pendrives que tienen música y fotos del cumpleaños de mi hija”, concluyó el supuesto damnificado.
