"DESPEJES" DE PROTESTAS ORIGINARIAS

En una semana la Policía golpeó a indígenas en tres ocasiones

Desde el martes y hasta ayer, la Policía de la Provincia de Salta fue protagonista en tres operativos contra indígenas para "despejar" caminos o rutas con la utilización de la fuerza.

NDS |

Uno de los manifestantes de las comunidades originarias herido es atendido por sus compañeros tras el accionar policial.

El martes 5 de febrero sucedió en un camino vecinal que lleva a la Aguada, en Cachi. El miércoles 6 fue en la ruta 34 a la altura de Cuña Muerta con los manifestantes de comunidades originarias del norte. Ayer 7 febrero nuevamente arretió con los mismos, pero con mayor violencia y con detenidos.

Entre las detenidas se encontraba Sandra Pisco, la única traductora oficial de la Justicia de Tartagal cuando se inician procesos judiciales que involucran a personas de los pueblos originarios.

Además de ella se encuentran detenidos el referente wichí de Coronel Cornejo, Miguel Acevedo, Ricky Calermo, el hijo del vocal del Pueblo Wichí ante el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS), Indalecio Calermo, Félix David de Las Moras, otro refernte de Zanja Honda de apellido Durán. Entre los heridos, uno de ellos en la pierna, se reconoció a Luis Aguilar, referente piquetero de la zona. 

Quienes estaban en la protesta de Cuña Muerta dijeron ayer a Nuevo Diario que la Policía había utilizado balas de plomo. El gerente del Hospital Juan Domingo Perón, de Tartagal, José Fernández, aseguró que ayer no había ingresado ningún herido de bala. La misma percepción volcó el abogado Sergio Heredia, quien se presentó ante la Comisaría como abogado de Pisco.

Calermo convocó a las comunidades primero para pedir la intervención del IPPIS, algo que había solicitado con la toma de la entidad. A ello sumó que, en caso de no intervenir, quería ser el tesorero de la Institución, cargo que se encuentra a cargo de Samuel Centeno, del Pueblo Chorote.

Según se interpretó, la intención de Calermo es generar esta situación a fin de conseguir su objetivo de asumir en el IPPIS, o lograr la intervención.

El alto costo se vuelca en los manifestantes que entienden que existe un reclamo que precisa respuestas: la construcción de las viviendas comprometidas para cada uno de los pueblos. Las construcciones nunca se hicieron por distintas irregularidades ya denunciadas en la Justicia Federal y detectadas por la Auditoría General de la Provincia (AGP).

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