Ellos quieren saber si los empresarios realizaron los estudios de impacto ambiental correspondiente y si tienen autorización de los organismos competentes.
“Nos sentimos perjudicados, porque toda el agua viene a nuestras tierras. Lo hacen para corrernos. Nadie dice nada porque son gente de mucha plata”, contó el cacique a Nuevo Diario.
Leonardo Simplicio explicó que las empresas hacen canales de desagües sin ningún control por parte del Estado y elevan sus terrenos. Esto perjudica a las comunidades wichí que pierden sus animales y hasta sufren secuelas en la salud, ya que campos tratados con pesticidas desaguan para las comunidades. En Misión Salim 2 viven alrededor de 35 familias, cerca de 200 personas, que ya tuvieron que desplazarse en otras oportunidades por el avance de la frontera agropecuaria.
“Estamos rodeados de tres ríos: El Palmar, que viene de Bolivia, Río Seco que viene de Tartagal y el Bermejo. Por las inundaciones hay gente que perdió su casa y se accidentaron. Esto nos perjudica mucho”, afirmó.
Desde la Municipalidad de Embarcación les dijeron que ante esta maniobra de los empresarios “no pueden hacer nada”.
“Como pueblos originarios decimos que tiene que haber una consulta previa, libre e informada, pero ni siquiera nos informaron. Pareciera que hay que ir y decirles que dejen de trabajar, pero si lo hacemos en un ratito nos van a armar la causa por corte de ruta y usurpación”.
No obstante, hace un par de semanas atrás, las comunidades en señal de protesta cortaron la ruta 53 durante tres días, sin obtener respuesta alguna, por lo que no descartan directamente frenar las máquinas que operan en el lugar.
“Hay una denuncia por el tema del año pasado del cacique de la comunidad Salim 1, Facundo Vázquez, pero no pasó nada”, dijo Simplicio.