Se mantienen expectantes ante la reunión "con un marco formal y legal" que les prometieron luego de la manifestación que llevaron a cabo a principio de mes frente a las instalaciones del San Isidro.
En la Secretaría de Trabajo o en el Ministerio de la Producción esperan llegar a un acuerdo por los representantes del Grupo Ruiz, actual dueño de ingenio.
Previo a la manifestación, el ingenio se mantuvo con una fuerte custodia policial ante el rumor de una posible toma de las instalaciones de la empresa.
La denuncia que realizó el abogado de la firma no fue acompañada por las pruebas necesarias, como los audios que se habrían viralizado. “La militarización” del ingenio fue repudiado por entidades gremiales y organizaciones de Derechos Humanos.
Sergio Herrera, ex trabajador, recordó que en 2018, el grupo tucumano de los hermanos Ruiz le compró todas las acciones de PROSAL S.A., EMAISA S.A. y BIO SAN ISIDRO S.A que le pertenecían al grupo peruano Gloria. "Si bien es cierto que nosotros nunca fuimos empleados del grupo Ruiz, ellos compraron el paquete completo que incluye la deuda con los trabajadores. Ellos (Grupo Ruiz) siempre se negaron a pagar la deuda e inclusive a dialogar con el SOEASI, que es el sindicato que nos representa", agregó.
También acotó que el Grupo Gloria sorprendió a todos los trabajadores al anunciar el Procedimiento Preventivo de Crisis, el que según Herrera no fue homologado en el Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social de la Nación, y luego despedir a los empleados y vender la empresa.
Todo esto porque los mismos empresarios dijeron que la zafra de la campaña 2017-2018 fue exitosa.
"La manifestación que hicimos fue para que ellos asuman la responsabilidad de pagar la deuda y es por eso que la fiscalía que intervino dio lugar a esta mesa de negociación. Queremos dar un cierre a este tema porque son cuatro años de espera", afirmó Herrera.
Manifestó que los cesanteados no tuvieron la posibilidad de reinsertarse laboralmente por lo que no pueden seguir esperando el pago. "Hay mucha gente que espera un capital para poder armar su propio negocio. No estamos pidiendo que nos regalen nada, porque la plata es nuestra", señaló.
La esperanza de lograr que la empresa pague el porcentaje que falta se sustenta en el fallo de la Cámara de Apelaciones del Trabajo Sala II que hizo lugar parcialmente a un reclamo de otra trabajadora despedida. Fallo que fue apelado por la empresa, pero que marca un precedente.
Por último, aclaró que la propuesta de que la empresa hizo a través del Ministerio de la Producción de saldar la deuda con terrenos," es improbable que se concrete", porque "nunca quedó claro dónde están los terrenos, si cuentan con los servicios y cuál es el monto que se reconoce a cada trabajador. Queremos cobrar lo que nos corresponde porque nadie trabaja por tierra", afirmó el trabajador.
