Desde la semana pasada, la fiscal penal Mónica Araceli Viazzi, ordenó distintas medidas en el marco de una investigación preliminar, que busca determinar si existió comisión de delito en el cobro del alojamiento por recibir a personas repatriadas de San Ramón de la Nueva Orán. Entre otras diligencias, la fiscal ya remitió distintos pedidos de informes a las entidades y organismos involucrados en el tema.
La intervención de la fiscal penal Viazzi se produjo luego de que se hiciera público en distintos medios de comunicación, el informe presentado por el Ministerio de Economía del Gobierno de la Provincia ante la Legislatura provincial, que detalla las partidas destinadas a hoteles que durante estos seis meses de cuarentena alojaron a personas que debían realizar el aislamiento obligatorio.
Del informe se desprendió que el Obispado de la ciudad de Orán, a cargo del obispo monseñor, Luis Antonio Scozzina, recibió dos partidas de $170.100 (ciento setenta mil cien pesos), y $264.600 (doscientos sesenta y cuatro mil seiscientos), que hacen un total de $434.700 (cuatrocientos treinta y cuatro mil setecientos pesos), por parte del Gobierno de Salta, para alojar a personas en la Casa de Retiros.
