Las mujeres originarias señalan la necesidad que no utilizar la palabra "chineo", por considerarlo estigmatizante y reconocer que estas violencias son violaciones en grupo y abusos de criollos.
Irene Cari, referente del Foro de Mujeres por la Igualdad y Oportunidad, indicó a Nuevo Diario que la investigación, iniciativa de Spotlight, demandó cuatro años de trabajo en las comunidades wichi de Carboncito (Embarcación) y General Ballivián, y de la comunidad Tapiete de Tartagal, todas del Departamento General San Martín.
"La violencia sexual que sufrieron no pudieron judicializarla. Ellas dejaron en claro que no es chineo, porque eso las victimiza y discrimina. Para ellas el chineo es encubrir lo que a ellos les pasa, que son las violaciones sexuales por cuestiones raciales, de odio y de género que tienen que ver con el patriarcado", indicó la dirigente feminista.
“El informe apunta a visibilizar otras violencias que la legislación de nuestro país no ha incorporado. En ninguna legislación hay voz de las mujeres indígenas”, sostuvo.
Del informe surge que las mujeres son discriminadas por la justicia y manifiestan que no las atienden cuando van a denunciar, no les creen, o "se burlan de mi denuncia".
También que no pueden acceder a la educación superior por condiciones económicas y la carencia de docentes bilingües. "Quiero seguir estudiando, pero no entiendo bien el castellano", "no tengo plata para ir a estudiar; intenté una beca en el IPPIS y en la Universidad, pero no me la dieron", refieren.
Se observa además inaccesibilidad a la vivienda con perspectiva intercultural, al agua potable e infraestructura y la contaminación de aguas y suelos por agroquímicos de los grandes productores. "Los aviones nos fumigan y las acequias se contaminan. Caminamos kilómetros para llegar a una bomba de agua y sale sucia, agua con barro", manifestaron la mujeres.
Propuestas
A modo de conclusión, las organizaciones proponen que se lleven a cabo acciones y debates colectivos con perspectiva de interculturalidad, interseccionalidad y género donde, dónde todos los actores de la sociedad y el Estado busquen a través de las políticas públicas erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres y las infancias.
Remarcaron que la incorporación de la perspectiva de género, interculturalidad e interseccionalidad constituye uno de los principales retos de la administración pública, ya que debe modificar estamentos normativos, políticas públicas, asignación de presupuestos, y procedimientos para que las dependencias gubernamentales incorporen políticas de equidad hasta denotar una nueva cultura institucional.
