La auxiliar de la fiscalía penal de Cachi, María Juárez Mattar y el fiscal Molinatti libraron la orden para que varias camionetas con policías lleguen hasta el lugar para hacer efectivo el desalojo en medio de un episodio de tensión y violencia con la policía y con cuatro detenidos.
Los integrantes de la comunidad intentaban parar el avance de máquinas agrícolas sobre el predio en cuestión.
El desalojo compulsivo se concretó desobedeciendo el pedido del procurador Abel Cornejo que había interpuesto un freno legal a la orden de desalojo de la comunidad originaria diaguita -calchaquí de Las Pailas, que habían recibido el 6 de diciembre pasado.
En la causa intervino el Procurador Abel Cornejo que solicitó al fiscal penal N° 6 Ezequiel Molinatti detenga el desalojo hasta que se garantice un proceso de mediación, que podría ser a mediados de enero según información judicial.
No obstante, la medida continuó sin que fuera tenida en cuenta la intervención del procurador, ni el freno al desalojo emitido desde el Tribunal, quién solicitaba el pedido de informes al INAI de las tierras relevadas según ley 26.160.
“Por orden de la auxiliar de la Fiscalía penal de Cachi, la policía de Cachi protege a los usurpadores territoriales para que continúen con sus tareas de intromisión en territorio comunitario”, advierte el comunicado oficial de la comunidad originaria.
En el desalojo la policía procedió sin orden judicial escrita, con el despeje con disparos de balas de goma y la detención de varios originarios, dirigentes y hasta una menor. Detuvieron a Hernán Fabián, Verónica Cruz, Héctor Fabián y Juan Condorí.
La Comunidad denunció que la auxiliar fiscal penal de Cachi, María Juárez Mattar, por las detenciones ilegales de los referentes diaguitas y responsable del IPPIS, y además secuestró ilegalmente pertenencias de los miembros comunitarios.
"El accionar policial protege a los usurpadores territoriales, para que continúen con sus tareas de intromisión en territorio comunitario", denunciaron.
A la vez exigieron el cumplimiento de los derechos y solicitaron la imprementación de la medida de no innovar ordenada por la procuración de la Provincia.
El Poder Judicial sostuvo que tras la denuncia de Wayar, el fiscal Molinati pidió el allanamiento y la detención de los supuestos usurpadores, pero comunicó que se iba a realizar una mediación. Ayer el fiscal informó que pidió la libertad de los cuatro detenidos.
Además de la consigna policial, la jueza Puertas otorgó un plazo de 48 horas a la Secretaría de Asuntos Indígenas de la Provincia, al INAI y al Defensor Oficial Penal, para que digan si la ocupación de Las Pailas "se encuentra contemplada o no por la emergencia territorial prevista por la Ley 26160".