La situación de las infancias en pueblos originarios, lejos de encontrar una respuesta, resulta cada vez más alarmante y en este segundo informe enviado también a autoridades provinciales, se pide soluciones urgentes.
Asimismo y en la jornada de hoy, y desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (a nivel nacional), realizarán una nueva denuncia en el marco del amparo presentado junto a la Comisión Wichí Misión La Loma, por la aplicación y reglamentación de la ley 7856 de salud intercultural, según adelantaron a Nuevo Diario.
Ante las muertes de al menos siete niñas y niños wichi entre mayo y julio, la Defensora Nacional de Niños Niñas y Adolescentes, Marisa Graham, elevó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el Segundo Informe de la Situación de los Derechos de Niñas y Niños de Pueblos Indígenas del Chaco salteño. Ya había hecho presentaciones ante la Justicia y el Ejecutivo de Salta. El primer informe se presentó en mayo de 2020. El segundo es de julio de este año.
"Parecería que por momentos el gobierno local no logra articular con sus distintas áreas las acciones para llegar a todas las comunidades y evitar las muertes", explica Graham en declaraciones a Diario Clarín.
"Los ministerio de Salud y Desarrollo Social provinciales tienen que hacer barridos, es decir, recorridas por todas las comunidades para ir tomando peso y talla a niñas y niños como una de las formas de prevenir".
La provincia también tiene un problema con el agua que no resuelve. Y cuando las acciones se desarticulan aumentan las muertes", analizó la Defensora en relación a la dolorosa situación que se repite de manera sistemática, pese a la declaratoria de una emergencia socio sanitaria desde el 29 de enero de 2020, y que transcurridos dos años (y muchos más invisibilizados) continúa sin aportar soluciones reales.
"Nuestro rol como Defensoría no sólo es dar opiniones sino que tenemos que exigir que se cumplan los derechos", aseguró Graham, que resaltó la presentación de los informes de situación a las autoridades salteñas.
"La gravedad de la situación tiene que ver con una problemática estructural y multidimensional relacionada al complejo escenario de los territorios que ocupan los pueblos indígenas, que comprende el desplazamiento de sus tierras, producto del avance de la frontera agrícola, lo que conlleva un impacto en sus formas de vida y medios de subsistencia tradicional.
Sobre la base de ese escenario, resulta profundamente preocupante la vulneración del derecho a la vida y los obstáculos para el acceso a derechos elementales, tales como al agua, a la salud, la alimentación, la identidad, la información y la participación y especial protección de la que son titulares niñas, niños y adolescentes", dice uno de los informes de la Defensoría Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes.
"La desnutrición, en particular la de las y los más pequeños, es un fenómeno complejo que se ve afectado por distintos determinantes, como la falta de acceso a una alimentación saludable y agua potable, así como también barreras en el acceso a la salud, no sólo en términos de la capacidad de acceder oportunamente a los centros de salud, dada la escasa infraestructura disponible y las dificultades para la circulación por el estado de los caminos y las escasas vías de comunicación existentes, sino también en cuanto a la atención y cuidado a la salud con perspectiva intercultural", continúa.
"Esta situación se ve agravada por las condiciones de pobreza estructural en las que históricamente viven las comunidades originarias de la zona; poblaciones que han sido sistemáticamente desplazadas por procesos de apropiación de sus territorios para inversiones de agricultura extensiva e industria extractiva, con consecuencias de deforestación, contaminación del agua, pérdida de biodiversidad, y un severo impacto social y cultural hacia las comunidades indígenas", agrega.
Medidas de la Defensoría
La Defensora Marisa Graham y el Defensor Adjunto Facundo Hernández son los profesionales intervinientes en el tema, cuyo seguimiento y monitoreo dio lugar al desarrollo de acciones e iniciativas impulsadas en varios niveles.
Foto: Marisa Graham.
Entre las medidas, en primer lugar se hizo un diagnóstico de la vulneración de los derechos humanos de niñas y niños de pueblos indígenas de la región. También la gestión de casos individuales y colectivos, y medidas para avanzar en resoluciones estructurales. Se organizaron y gestionaron operativos de documentación y acceso a derechos de protección social. Y se hicieron pedidos de Informe a distintos ministerios provinciales en 2020, 2021 y 2022.
Las respuestas no fueron positivas. Por eso, en noviembre de 2021 la Defensoría interpuso una acción de amparo colectivo, en favor de la totalidad de niñas, niños y adolescentes de comunidades de pueblos indígenas de los departamentos en emergencia sociodemográfica para "garantizar sus derechos a la protección especial, el derecho a la vida y a un nivel de vida adecuado, a la salud, a la alimentación adecuada, al agua potable, al acceso a la justicia".
La petición de esta medida es que se ordene la formación de una mesa de articulación interinstitucional para que elabore un plan de trabajo que dicte medidas para restituir y garantizar los derechos a la salud, a la vida y a un nivel de vida adecuado, de niñas, niños y adolescentes de esas comunidades. Desde la Defensoría manifestaron que a la fecha, la medida cautelar no fue cumplida.
Paralelamente a las acciones ante la justicia y el ejecutivo salteño, la Defensora presentó dos Informes sobre la Situación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Indefensión así como vulnerabilidad
Si bien los informes dejan sentado el estado de total indefensión y vulnerabilidad en que se encuentran expuestos niños, niñas y adolescentes del Chaco salteño -no obstante la emergencia sociosanitaria-, la triste cronología de lo acontecido desde los meses de mayo a junio, expone con crudeza a los más pequeños. Al menos siete niños y niñas, todos menores de 3 años, fallecieron ante la indolencia de los poderes de turno, sin una sola política realmente efectiva ante una demanda histórica y que va mucho más allá del reparto discrecional de bolsones alimenticios. El 23 de mayo murió María Martina José Díaz, de un año y medio, de la comunidad wichi La Esperanza de Coronel Cornejo, departamento San Martín, que ingresó al Hospital de Tartagal por su bajo peso, y donde no pudo recuperarse. El 5 de junio murió Griselda Pérez, de dos años, de la localidad de Misión El Algarrobito, de Fortín Dragones, Embarcación, también por un cuadro de bajo peso. El 29 de junio murió Clarisa Pereira Juarez, de dos años, por las consecuencias de un cuadro severo de desnutrición. Era wichi y vivía en La Quebradita, General Mosconi, departamento de San Martín. Ese mismo día murió también otra niña wichi. Tenía un año y 7 meses y era de la comunidad La Quebradita de General Enrique Mosconi. Tenía desnutrición severa y estuvo internada. Días después murió por desnutrición un bebé de un año y medio en el mismo Hospital. En julio murió otro niño de dos años en Pozo El Toro, de Santa Victoria Este, Rivadavia. Había estado en un proceso de relactación y cuidados en el hospital de Santa Victoria Este. El 25 de Julio murió una niña de 3 años de la comunidad Tres Paraísos de General Mosconi.
