La finca pertenece a Alejandro Braun Peña, primo segundo del jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, pero sobre todo uno de los nombres que aparecen en las empresas del grupo Macri, y quien compró tierras en Salta para la familia del presidente.
El director de la Campaña de Bosques, Hernán Giardini, indicó a Nuevo Diario que cerca de siete activistas fueron hasta el lugar y los trabajadores que se encontraban en las topadoras decidieron abandonar el cadeneo que realizaban en la Finca sobre un desmonte que fue autorizado en 2014 y sigue cuatro años después.
Ello pese a que se autorizó en el marco de un decreto que tuvo que ser derogado por las críticas a su ilegalidad. Y es que en Cuchuy (como en otros desmontes), se autorizó a pasar las topadoras sobre superficies que debían ser conservadas dado que se encontraban en zonas categorizadas como rojas o amarillas. En 2014, ante las críticas, se derogaron los decretos.
"Ya desmontaron unas cinco mil hectáreas", dijo Giardini al indicar que en esta nueva etapa ya desmontaron cerca de 400 hectáreas más. "No creo que puedan seguir de ahora en más porque empezó a llover, y por una semana por lo menos no se podrán hacer los trabajos", dijo. La superficie total del desmonte autorizado supera las ocho mil hectáreas pese a las objeciones contra la audiencia que permitió esta autorización.
Acuerdo forzado
La Asociación recordó que la destrucción de esos bosques afectará seriamente la subsistencia de las comunidades indígenas Corralito, Cuchuy, San José, y Chaguaral, cuyas familias en 2012 denunciaron ante las autoridades salteñas que recibieron presiones por parte de empresarios de la zona para seguir desmontando a cambio de cederles algunas porciones de tierra.
La dramática situación de las comunidades fue advertida ese mismo año por autoridades de la Universidad Nacional de Salta que solicitaron la intervención de los funcionarios.