La malnutrición infantil en la provincia resulta un tema de permanente abordaje por parte de todos los sectores, pero de pocas respuestas concretas.
“Detectaron 7.543 niñas y niños en riesgo nutricional durante el segundo semestre, y 36 muertes en el primero”, dijo en declaraciones a Radio Nacional Salta el abogado Martín Plaza, delegado en Salta de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, al volcar datos del amparo colectivo presentado por la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes contra la provincia. Pese a los pedidos de acciones concretas y urgentes, la jueza de Minas, Victoria Mosmann, que se declaró incompetente en cuanto al amparo, no obstante, resolvió en cuanto a la medida cautelar poner afiches con teléfonos en caso de que la salud de un paciente con desnutrición se complique.
“Cuando se declaró la emergencia sociosanitaria en el norte provincial a partir de la muerte de 9 niños y niñas wichís por causales vinculadas a malnutrición y desnutrición, se generó un diagnóstico situacional que, en términos estructurales, muchos de sus aspectos no fueron modificados”, señaló.
En ese sentido, Plaza explicó que desde la institución a la que representan vienen realizando talleres con distintas comunidades del norte : “venimos manifestando esta situación, por eso este amparo viene a poner en números lo que muchas organizaciones y comunidades indígenas vienen denunciando”, y es que las acciones dirigidas de las distintas órbitas del Estado hacia esos territorios para mitigar las problemáticas estructurales y de emergencia como el acceso a los servicios básicos no alcanzaron.
“El amparo establece cifras alarmantes, y establece que este cuadro situacional por el cual se declaró la emergencia hace casi dos años no se ha modificado”, insistió.
Sobre la declaración de incompetencia de la jueza a la acción de amparo, Plaza recordó que la Constitución de la provincia de Salta establece en su art. 87que: “cualquier juez puede tomar intervención en un amparo, porque se requiere una solución rápida”.
“La medida de la cautelar no resuelve de fondo nada”, concluyó en cuanto a la respuesta de Mosman.
Secundarias rurales
A través de la Dirección General de Formación y Promoción de los Derechos Humanos se lleva adelante el segundo ciclo de la formación dirigida a docentes de escuelas rurales que forman parte del programa Secundarias Rurales mediadas por Tics, un modelo educativo innovador que promueve el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Provincia junto a UNICEF desde el 2013.
En el encuentro se articuló con la abogada Matilde Alonso, del Servicio de Asistencia a la Víctima del Ministerio Público, en el marco del curso denominado: “Un enfoque de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en contextos actuales y virtuales”, que a través de una conexión virtual trabajó con el reciente inaugurado Colegio Rural N° 5.240 y el Colegio Rural N° 5.212. Participaron 25 docentes y coordinadores.