En el marco de la primera sesión de diputados de ayer, el legislador indicó a Nuevo Diario que la situación crítica en la zona persiste en la frontera con gente que continúa esquivando los controles, trayendo mercadería, además del tráfico de drogas.
“No hay ningún funcionamiento legal para todo esto, y hay un estimativo de 5 mil personas que viven de esto”- sostuvo Lara Gross que advirtió que “En su gran mayoria la viene gente de afuera” para comprar esta mercadería y venderla en las ferias informales de distintos puntos del país”.
Asimismo el diputado oranense indicó que durante el conflicto con los bagalleros el año pasado, hubo varias reuniones con autoridades tanto de provincia, como de Nación, en donde se acordó establecer un mecanismo de importación minorista, donde se le ponían un cupo diario a cada una de las personas que tengan domicilio en Aguas Blancas u Orán, no así las que vivan afuera, para flexibilizar las cuestiones aduaneras, además de un empadronamiento.
No obstante ello, Lara Gross informó que si bien existió el empadronamiento, lo demás nunca se implementó y que “hoy en día las cosas no cambiaron en nada”, e inclusive señaló que “siguen habiendo menos de 200 gendarmes en esta zona”
Las alternativas que plantearon en este proyecto presentado, tienen que ver con la formalización de los compromisos establecidos en los acuerdos del año pasado, enfatizando en el control estricto y en los padrones.
“Es urgente que el Estado Nacional intervenga y se apliquen las medidas prometidas para poder crear las alternativas laborales que permitan insertarlos dentro de un marco de legalidad. Se trata de un ilícito que ya no es sólo una cuestión de la Provincia sino de personas provenientes de otras partes del país”, finalizó Baltasar Lara Gros.
