Al menos así lo establece la reglamentación de la Ley 8024, que el lunes salió bajo el decreto Nº 1139, y que en su texto establece que el Comité "tendrá acceso irrestricto a todos los lugares de detención, sus instalaciones y dependencias y a toda la información pertinente.
El comité visitará comisarías de policía, prisiones provinciales, centros de detención (por ejemplo, centros de prisión preventiva, detención de inmigrantes, reclusión de menores), instituciones de salud mental, atención social, hogares de adultos mayores y cualesquiera otros lugares donde las personas estén o puedan estar privadas de su libertad”.
Concurso para entidades
En la reglamentación se establece que al menos en tres meses se debe aplicar lo establecido, y elegir a los cinco integrantes del Comité que tendrá una remuneración por ser parte de este cuerpo, pero que también a su vez no deberán contar con otra actividad a su cargo.
La Cámara de Senadores deberá contar con un representante, la de Diputados con otro, y el Poder Ejecutivo Provincial con un tercero.
Mientras, se deberán sustanciar los concursos que permitan elegir a otros dos integrantes que sean integrantes de las distintas asociaciones de Derechos Humanos cuyas personerías que encuentren reconocidas legalmente.
